A pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal entregó esta semana a la Asamblea Legislativa su versión de presupuesto para el próximo año fiscal 2022-2023, el gobernador Pedro Pierluisi ofreció ayer, jueves, un mensaje televisado en el cual adelantó que enviará hoy, viernes, a la Legislatura una Resolución de Presupuesto para que los legisladores aprueben sus partidas presupuestarias en vez de las propuestas por el ente federal.

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A su vez, Pierluisi adelantó que someterá enmiendas al Plan Fiscal Certificado y presentará ante la JSF una certificación del Departamento de Hacienda que comprueba que los ingresos al fisco sobrepasarán los estimados y justifican el modesto incremento en el gasto público.  "Después de todo, los fondos del pueblo son para el pueblo, no para acumularlos en las cuentas del Gobierno", señaló.

Precisamente, ayer el ente fiscal presentó su presupuesto propuesto para el AF2023, que incluye $12.4 mil millones para las operaciones diarias del Gobierno de Puerto Rico y asigna cerca del 70% a educación, seguridad pública, salud, pensiones y desarrollo económico.

Junta presenta ante la Legislatura el presupuesto propuesto del Fondo General

Este proceso se da luego de la aprobación del Plan de Ajuste (PDA) por la jueza de quiebras Laura Taylor Swain. Desde entonces, el gobierno ha tenido que ajustar sus calendarios, y estilo de trabajo, para poder cumplir con el PDA. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Juan Carlos Blanco, explicó en entrevista con Microjuris que la aprobación del PDA cambió las reglas del juego en cuanto al proceso presupuestario de este año.

"El presupuesto que hemos elaborado cuenta con los fondos para comenzar a hacerle justicia salarial a los servidores públicos; reclutar policías, bomberos y vigilantes de recursos naturales; invertir en la educación; mejorar los servicios de salud física y mental; seguir luchando contra la violencia de género; y combatir la pobreza. Las revisiones que le ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal a nuestro presupuesto no afectaron la mayoría de las iniciativas que le presentamos desde febrero", dijo Pierluisi.

Pierluisi hizo un llamado a los legisladores de todas las delegaciones para defender a los servidores públicos, a los municipios y a la población con necesidades especiales porque dijo que, "estas causas las compartimos todos".

En abril,  la JSF aseguró que el presupuesto que presentó Pierluisi no cumplía con la Ley PROMESA. El presidente de la JSF, David Skeel, le notificó al gobernador que el presupuesto para el año fiscal 2022-2023 incurre en incumplimiento particularmente por un aumento de $100 millones en sus partidas, en comparación a lo que el ente fiscal había presupuestado.

Según la junta, el gobierno incurre en incumplimiento particularmente en las partidas establecidas como subsidio de $164 millones del Gobierno Central al Plan Vital para cubrir la porción que deben aportar los municipios, así como las asignaciones que el ejecutivo solicitó para el Fondo de Equiparación.

Ante esto, ajustó las partidas y presentó ayer su propio presupuesto. Independientemente del trámite presupuestario, queda establecido que la Asamblea Legislativa tiene hasta el domingo, 12 de junio para aprobar el presupuesto, incluso podría adoptar uno, pero debe contar con el aval del ente fiscal. El nuevo presupuesto aprobado entraría en vigor el viernes, 1 de julio.

De ocurrir un tranque, la JSF de todas formas tiene la potestad para aprobar su propio presupuesto.

En febrero pasado el gobernador presentó a la JSF un presupuesto consolidado de $28,785 millones para el próximo año fiscal. Las proyecciones del Gobierno apuntan a que los recaudos superarán los estimados de la Junta.

"Además, es momento de detener los recortes a los municipios, pues necesitamos que tengan los recursos para dar servicios esenciales y manejar los proyectos de reconstrucción. No vamos a claudicar en nuestra lucha", reiteró el primer ejecutivo.