Las mujeres amenazadas con ser desplazadas encabezaron con un 70% el acompañamiento legal ofrecido de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico en el 2022, siendo ellas las principales víctimas de la desatención al impacto de desastres, y las consecuencias del COVID-19, cierre de escuelas, encarecimiento de la vivienda, crisis climática y violencia de género.

Las mujeres que residen en viviendas alquiladas recurrieron a ALPR porque su situación se afectó por los desastres o el desempleo; no pudieron negociar el contrato y no conocían la asistencia disponible para pagar la renta.

«Para las familias acompañadas por Ayuda Legal – 6,500 en el 2022 – la vivienda era el tema central de sus problemas. Más de la mitad de ellas con ingresos menores de $15,000 al año», señaló Ariadna M. Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de ALPR.

En un balance de las tendencias observadas en los casos atendidos el año pasado, la licenciada Godreau Aubert, y las licenciadas Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigios, y Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, señalaron que del año 2021 al 2022 se registró un aumento de 300% en los desahucios por impacto.

«En contraste, en estos últimos años ha habido una falta de rendición de cuentas públicas por los $1.4 mil millones desembolsados para ayudas y cero monitoria pública a los contratistas que trabajan con fondos CDBG-DR», dijo la directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

Conforme a las tendencias de casos observadas el año pasado, la entidad enfocará su agenda del 2023 en cuatro iniciativas principales de justicia económica y defensa del derecho a permanecer en la vivienda. Esto se hará a través de educación y apoyo legal gratuito, así como a través de abogacía capaz de transformar políticas públicas en temas de alquileres, desastres y justicia económica de las mujeres.

Apoderamiento legal

Ayuda Legal ampliará el alcance de su sitio web ayudalegalpr.org como instrumento de "apoderamiento legal" para defender derechos con tres iniciativas:

1. Acceso a información legal accesible y gratuita a poblaciones privadas de la libertad, incluyendo un proyecto piloto en la Cárcel de Mujeres.
2. Más herramientas para la defensa, desde la autorrepresentación a una representación legal accesible.
3. Revelará datos sobre acceso a la justicia, incluyendo el flujo de casos en los tribunales.

Recuperación justa

ALPR promueve una política de recuperación con una visión de justicia de viviendas y clima. En ese sentido, abogará por la apertura y acceso equitativo a los programas de terremotos, mitigación y remanente de CDBG-DR.

También, garantizará la continuidad del primer Proyecto de Paralegales Comunitarios con líderes del municipio de Loíza que diseñan y adelantan estrategias legales por la vivienda digna y la justicia climática.

Alquileres dignos

Ayuda Legal promoverá acciones legales contra el discrimen en la vivienda, particularmente por razón de sexo, raza y diversidad funcional, dando atención particular a jefas de familia en vivienda pública y privada que enfrentan discrimen o desahucios por impago.

Además, publicará el primer Censo de Alquileres Dignos, incluyendo un mapa de políticas públicas para proteger a quienes alquilan, y ampliará el "Panel en Defensa de Alquileres Dignos" para incluir las regiones de San Juan y Carolina.

Derecho a tu casa

En este renglón se atenderán casos de desalojos motivados por violencia doméstica, discrimen y violaciones de derechos de parte de la banca. La entidad promueve que la banca adopte protocolos para proteger a sobrevivientes de violencia doméstica en sus préstamos hipotecarios.

ALPR promueve la aprobación de políticas públicas que reconozcan la violencia económica como una forma de violencia doméstica (con los proyectos PC 1311 y PS 865).