Por el licenciado Alex Omar Rosa Ambert

Terence Andrus – entonces de 20 años – cometió una tentativa de robo en un supermercado que culminó en la muerte de dos personas. Por ello, se solicitó la pena de muerte en su contra.

Durante la fase de adjudicación de culpa del juicio, su abogado se rehusó a presentar argumento inicial. En su argumento final, reconoció la responsabilidad de su cliente, y argumentó hacia la penalidad. El jurado lo encontró culpable de asesinato. En la fase de punibilidad, la representación legal tampoco presentó argumento inicial, no objetó los agravantes presentados por el gobierno – relativos a las afiliaciones de Andrus con pandillas, su comportamiento agresivo en la institución juvenil y durante el proceso, y su potencial participación en otro robo – y contrainterrogó someramente a los testigos de cargo.

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En su turno de presentación de pruebas, la defensa utilizó a la madre de Andrus como testigo inicial. Ella no divulgó ninguna situación lamentable en el crecimiento de su hijo. Además, negó la presencia de sustancias controladas en la residencia familiar, y resaltó su buena relación con el resto de la familia.

Su segundo testigo fue el padre de Andrus, quien no lo había visto en seis años. El padre pasó la mayoría de la vida de Andrus tras las rejas, salvo un periodo de un año en el que vivieron juntos cuando el segundo tenía 15 años. En ese periodo, el padre describió a Andrus como bueno.

En ese momento, la defensa informó al Tribunal que no presentaría evidencia adicional. El juez que presidió el proceso cuestionó el proceder, y la defensa repensó su estrategia. Dos profesionales de conducta humana declararon sobre el efecto de las sustancias controladas en el desarrollo del cerebro en un adolescente, y del cambio de comportamiento de Andrus cercano al inicio del juicio, respectivamente. Andrus testificó superficialmente sobre su infancia complicada.

El jurado lo sentenció a morir. Luego de que su apelación fuera denegada, Andrus presentó un habeas corpus, articulando que fue víctima de representación legal inefectiva por la indolencia de su abogado a investigar y presentar evidencia de mitigación.

La información para mitigación y defensa de Andrus era extensa, tanto así que el tribunal la describió como una marejada ciclónica de información. En su niñez, la madre de Andrus distribuyó sustancias controladas desde el hogar. Eventualmente, ella sucumbió a la adicción, que intentó costear con la prostitución. A los 11 años, fue diagnosticado con sicosis afectiva. Tan temprano como los 12 años, Andrus se encargaba de proteger a sus hermanos de los hombres violentos que su madre traía a la casa y de cuidarlos cuando su madre desaparecía por días. A los 16, participó en un robo que culminó en una medida dispositiva de 18 meses de confinamiento. Allí, se adentró en el mundo de las pandillas, del uso de sustancias psicotrópicas y fue castigado con confinamiento solitario en más de una ocasión. Previo a terminar su adolescencia, Andrus ya presentaba ideas suicidas causadas por las experiencias antes descritas que se manifestaron constantemente durante su vida.

El Tribunal de Instancia concedió el remedio solicitado. Concluyó que el jurado no tuvo ante sí la evidencia de las circunstancias de Andrus por la desidia de su abogado. El Tribunal de Apelaciones revocó. Determinó que Andrus no demostró por preponderancia de la prueba que solventar la ineficacia de su representación legal pudo haber generado un resultado distinto, como exige Strickland v. Washington.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó a su homólogo estatal en una opinión Per Curiam.

En un recuento de Strickland, la opinión recuerda que un acusado debe probar que el desempeño de su abogado fue deficiente y le causó perjuicio. En cuanto al primer criterio, el peticionario debe demostrar que la representación de su abogado fue inferior a la de un estándar objetivo de razonabilidad. Sobre el segundo, el prejuicio se evidencia si el resultado del caso sería distinto sin la incompetencia del abogado. En un caso de pena de muerte, la representación legal del acusado viene llamada a investigar su historial, o tomar decisiones de que determinadas investigaciones son innecesarias, luego de examinar la razonabilidad de la decisión del abogado de no proseguir cierta área investigativa.

Examinando el expediente del caso, el Tribunal Supremo concluyó que la defensa de Andrus presentó un argumento nominal. Este no entrevistó a los padres de Andrus antes del juicio. Incluso, no conoció al padre sino hasta el día de su testimonio, ni siquiera entrevistó a algún otro familiar. Tampoco conversó con su perito hasta que comenzó la selección de jurado, y advino en conocimiento del consejero de la cárcel a mitad de juicio. Su representación legal desconocía de sus intentos suicidas en confinamiento.

Para agravar la situación, el abogado de Andrus aseguró en juicio que desconocía que este sufriera algún desorden mental, pese a que su investigador de mitigación identificó su padecimiento mucho antes del juicio. Su incompetencia fue agravada con su alegado enfoque en la fase de castigo, pues no investigó lo necesario.

El Tribunal estimó que la representación legal no articuló una estrategia o racional táctico para no indagar con mayor celo sobre esas avenidas de mitigación. Igualmente, su desconocimiento del caso sirvió para exponenciar los agravantes de la fiscalía. Tanto así, aunque Andrus y una especialista de mitigación advirtieron al abogado que su madre mentía en el estrado, no hizo nada para tratarla como un testigo hostil y producir testimonio favorable a Andrus.

En cuanto a los agravamientos del estado, la representación legal no investigó el comportamiento de Andrus en confinamiento, como para conocer que sus transgresiones fueron leves en comparación al sufrimiento emocional que sufrió.

Incluso, el abogado sugirió que era probable que Andrus fuese una persona violenta. De la misma manera, no objetó que se presentara evidencia extrínseca de un robo no relacionado por el que Andrus no fue procesado, pues no investigó el incidente.

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En vista de ello, el Tribunal determinó que el Tribunal Apelativo que revocó la petición de Habeas de Andrus no evaluó si Andrus sufrió prejuicio bajo Strickland. Dado que el foro intermedio no contrastó la evidencia de mitigación con los agravantes, es imposible determinar el alcance del prejuicio, y si amerita una decisión distinta. Por ello, el Supremo devolvió el asunto al foro estatal para que examinara el asunto.

La opinión disidente – suscrita por los jueces Samuel Alito Jr., Clarece Thomas y Neil Gorsuch – rechazó la noción de que el Tribunal Estatal no adjudicó prejuicio bajo Strickland. Así, procedió a resaltar los agravantes que motivarían aplicar la pena capital.

Aunque la decisión se circunscribe a la fase de penalidad en un caso de pena de muerte, el enfoque sobre la deficiencia investigativa del abogado debe ser una lección a todos los miembros de la profesión legal sobre el estándar que se nos exige en preparación para un juicio.