Por Daniel Rivera Vargas

La empresa Walt Disney World y el potencial aspirante presidencial y gobernador de Florida Ron de Santis se encuentran en una disputa que incluye una legislación que es inconstitucional, según un abogado litigante en la práctica federal.

De Santis está impulsando cambios a los beneficios contributivos que recibe Disney, luego de la posición de la empresa en contra de una ley suya que restringe la discusión en los salones de Florida de temas como identidad de género, también conocida como la ley «Don’t say gay».

El proyecto de ley pondría fin a una exención para los parques de Disney cuando se trata de inspecciones de atracciones por parte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, quien es la responsable de la inspección de atracciones en Florida.

Entrevistado por Microjuris, el abogado John Mudd dijo que ese tipo de acción sería un «Bill of Attainder», o una legislación penal o civil para castigar a alguien.

«Lo primero que hay que ver es si es un castigo la legislación. Lo otro es ver que la legislación no esté buscando algo que sea punitivo y que no tenga otro beneficio al público, excepto castigar por lo que paso», sostuvo el letrado.

Contexto de la acción jurídica

Este tipo de acción jurídica proviene de la tradición legal británica, añadió Mudd.  También reconoció que es similar a la prohibición a las leyes «ex post facto», que exige que no se imponga penalidad sin la existencia de una ley previa.

Se trata de una práctica prohibida tanto en la Constitución de Florida como en la de Estados Unidos, que a nivel federal se trataría de una violación a la Sección 9 del Artículo 3, dijo Mudd.

Según el letrado, este concepto legal ha sido interpretado en varios casos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como en un pleito entablado por el presidente Richard Nixon cuando trató de impedir la divulgación de grabaciones que contribuyeron a su renuncia como parte del caso Watergate.

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Te explicamos «bills of attainder»

Según esta decisión, los «bills of attainder» tienen una «historia infame» que demuestra «abusos del poder legislativo y parlamentario», y se usaba principalmente para «personas que no eran leales a la Corona».

El abogado no descarta que estas medidas anti Disney se trate de una legislación «para las gradas», y que la actitud del potencial candidato presidencial se parece incluso «a la de algunos políticos puertorriqueños».

Mudd entiende que las acciones de De Santis probablemente sean objeto de una «litigación sin papeles», en la que se pediría una sentencia por las alegaciones o sumaria porque, sin la necesidad de un descubrimiento de prueba, se puede demostrar que la intención de esta legislación es penalizar a Disney.