Ante la posible aprobación del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), podría aprobarse un «impuesto al sol», como parte de un acuerdo que propone una serie de cargos particularmente a aquellos clientes de la corporación que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante energía solar.

El principal oficial de Política Pública, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés), licenciado Javier Rúa-Jovet, explicó a Microjuris que el acuerdo representa un riesgo en torno a la aprobación del llamado Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la AEE (conocido en inglés como Restructuring Support Agreement o RSA), impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

"Propone una serie de cargos ilegales que impactarían gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante solar: un impuesto ilegal al sol. El fundamento ideológico de los impuestos solares incluidos en el RSA es el temor de los bonistas de que no queden abonados para facturarles por la luz y que por ende no puedan recobrar el repago de sus bonos. En primer lugar, tengamos en perspectiva que en Puerto Rico los sistemas solares distribuidos interconectados a la red suman alrededor de 1% de la energía total, un número muy muy pequeño", explicó Rúa-Jovet.

Rúa-Jovet explicó que la Ley Núm. 17-2019 prohíbe los cargos o impuestos solares. "No se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía renovable por los prosumidores", reza el estatuto legal.

Por tanto, la propuesta de RSA es estructurar los pagos de la deuda de la AEE a través de un aumento tarifario permanente llamado «cargo de transición», el cual inicia en 2.768 centavos por kWh, incrementando hasta 4.552 centavos por kWh en 2044, y la propuesta dice que este cobro puede ser hasta un 25% mayor.

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"Este aumento es adicional al aumento reciente de 16.8% aprobado al inicio de presente año asociado al costo de combustible. El Negociado de Energía es la única entidad con autoridad legal regular las tarifas, conforme a las leyes de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el manto del Negociado donde la JSF, los bonistas, el Gobierno de Puerto Rico, junto a las demás partes y entidades interesadas deben trabajar en soluciones tarifarias legalmente alcanzables y políticamente posibles", agregó.

Según Rúa-Jovet, las propias proyecciones certificadas de la JSF muestran que el aumento masivo en la demanda de energía debido al crecimiento y penetración de los vehículos eléctricos superará con cualquier supuesta pérdida de facturación atribuible al aumento en penetración de energía solar distribuida.

Rúa-Jovet, quien participó ayer en la vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, en representación de las empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la energía solar y el almacenamiento energético en la isla, recomendó a los legisladores a identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE.

Pero, los exhortó a que no impliquen aumentos al precio de energía al consumidor y que, además, sean compatibles con el mandato de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética.

"Eliminar todo cargo o impuesto solar pues la propia JSF admite que es innecesario ante el aumento de vehículos eléctricos; y que se redoblen los esfuerzos de AEE/LUMA por cobrar cuentas pendientes públicas y privadas y se racionalicen todos los subsidios innecesarios que puedan reformarse", son algunas de sus recomendaciones.

Actualmente, la Comisión, según la Resolución del Senado 270, evalúa mecanismos para el repago de la deuda de la AEE "que no causen aumentos tarifarios al precio de energía al consumidor, que sean compatibles con los mandatos de reducir el costo de la energía y de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética, de conformidad a la Ley 17-2019, conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico".

Cabe destacar que, Organizaciones ambientales y el Centro para la Nueva Economía habían alertado que el acuerdo de reestructuración de la AEE contenía un «impuesto al sol» que iba a contracorriente con la propia política pública del gobierno, de moverse a energía renovable y limpia.

Las vistas públicas continuarán con la participación no solo al sector gubernamental, sino también a partes afectadas y voces expertas de la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones legalmente viables para el repago de la deuda de la corporación pública, que no tengan como consecuencia el aumento de las tarifas energéticas.

"Suponiendo que los $3 mil millones en deuda de pensión se propongan de manera similar, esto significa que los cargos nominales aumentarán hasta 7,59 centavos/kWh (4,552 centavos más 25% = 5.69 centavos, y agregar $3 mil millones en deuda de pensión lo lleva a 7,59 centavos). Engonces lo que  realmente estamos viendo aquí es que los nuevos impuestos solares aumenten hasta 7,59 centavos por kWh", comentó.

Según el RSA, clientes que instalen un sistema solar tendrán que no solo pagar dicho "cargo de transición" en su consumo de la red, sino que adicionalmente serán castigados con un nuevo impuesto a su autogeneración solar.

Próximos pasos y soluciones

Para Rúa-Jovet el camino, entonces, es rechazar el acuerdo actual y buscar soluciones a la deuda de la AEE que estén alineadas con la masiva cantidad de energía solar y eficiencia energética requerida por la Ley 17-2019 que aún se encuentra en sus frágiles etapas iniciales de implementación.

Presentan soluciones

1. Borrar el impuesto ilegal al sol. Debe borrarse todo cargo o impuesto solar pues la propia JSF admite que es innecesario ante el aumento de EVs.
2. Utilizar los ahorros compartidos de la eficiencia energética. Asimismo, procede auscultar la inversión de fondos en medidas de eficiencia energética. Por cada dólar que se invierte en eficiencia energética, se liberan dos. Ese nuevo dinero liberado (se llama "ahorros compartidos") podría sumar hasta $ 9 mil millones en 30 años, simplemente siguiendo la ley que requiere un ahorro de energía del 30% para 2040, y también puede utilizarse como fuente de repago a bonistas.
3. Respetar el rol único del regulador de energía independiente para establecer las tarifas eléctricas. Es critico confiar en el trabajo del regulador independiente, el Negociado de Energía. El Negociado de Energía es la única entidad con autoridad legal regular las tarifas, conforme a las leyes de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el manto del Negociado donde la JSF, los bonistas, al Negociado de Energía, el Gobierno de Puerto Rico, junto a las demás partes y entidades interesadas deben trabajar en soluciones tarifarias legalmente alcanzables y políticamente posibles.
4. Dejar de regalar electricidad. Sugieren que se redoblen los esfuerzos de PREPA/LUMA por cobrar cuentas pendientes públicas y privadas y se racionalicen todos los subsidios innecesarios que puedan reformarse. Hay que realizar ese trabajo antes de imponerle nuevos cargos a la gente.
5. Requiere un proceso de discusión inclusivo y abierto. El presente proceso investigativo ante esta Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, establece por primera vez un espacio vital para la discusión real, abierta, seria y pública de este tema; oportunidad que no se la ha provisto a las partes interesadas en ninguno de los procesos fiscales de la JSF, incluyendo el de la AEE.