Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por Jaime L. Sanabria Montañez
Profesor de Derecho UPR

Busque en la Ley 180 la palabra que le prohíbe al patrono pedir un certificado médico el primer día de ausencia. No la va a encontrar, porque no existe. Sin embargo, en casi todos los departamentos de recursos humanos de Puerto Rico se repite que el certificado solo puede exigirse cuando la ausencia excede de dos días. Esa regla se ha repetido tanto que ya parece ley. No lo es, y nunca lo ha sido.

El artículo 4(o) de la Ley 180-1998 (29 LPRA § 250d(o)) dispone que el disfrute de la licencia por enfermedad "no excusa del cumplimiento con aquellas normas de conducta válidamente establecidas por el patrono, como lo son las de asistencia, puntualidad, certificaciones médicas si la ausencia excede de dos (2) días laborables e informes periódicos sobre la continuación de la enfermedad".

Ese es todo el texto, y no hay más. La facultad del patrono no nace de los dos días, sino de las normas de conducta que establezca válidamente. La frase "como lo son" introduce una enumeración ejemplificativa, lo que la doctrina llama numerus apertus, no una lista cerrada. La ley no dice "solo", no dice "únicamente" y no dice "no podrá". Haga la prueba. Si los dos días fueran un límite, también lo serían los demás ejemplos de la lista, y ningún patrono podría adoptar una norma de asistencia o de puntualidad distinta a la que el inciso describe. Nadie sostiene semejante cosa, porque sería absurdo.

Cuando el legislador quiso prohibir, lo dijo. En el mismo artículo, el inciso (q) comienza con "Ningún patrono […] podrá" para impedir que las ausencias justificadas se usen para evaluar o disciplinar. El legislador sabía prohibir, y en el inciso (o) decidió no hacerlo. Nadie puede añadirle a la ley la prohibición que el legislador no escribió.

¿Para qué están entonces los dos días? Para dar un refugio seguro. La norma que exige certificado después de dos días es válida por mandato de ley y nadie puede cuestionarla. La norma que lo exige desde el primer día también es válida, siempre que esté "válidamente establecida", es decir, escrita, razonable y aplicada a todos por igual. El ejemplo no es un límite. Es un piso de validez.

El propio legislador lo confirmó. En 2018, al reforzar la protección de las ausencias justificadas mediante la Ley 60, la Asamblea Legislativa escribió en la exposición de motivos que "el patrono dispone de mecanismos para verificar si un empleado está utilizando adecuadamente el derecho a la licencia por enfermedad, como, por ejemplo, investigar la veracidad de la excusa médica". El mismo legislador que protegió al empleado partió de la premisa de que el patrono puede verificar. No lo dije yo. Lo dijo la Asamblea Legislativa.

Todo el ordenamiento laboral apunta en la misma dirección. El Tribunal Supremo ha reiterado que "el patrono tiene la potestad de adoptar reglamentos razonables con el fin de conseguir el buen funcionamiento de la empresa". Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., 2004 TSPR 59. La Ley 80, en su artículo 2(c), reconoce como justa causa la violación reiterada de esas reglas, siempre que el empleado haya recibido copia escrita. Y la FMLA le da al patrono cubierto apenas cinco días laborables para notificar si una ausencia está protegida (29 C.F.R. § 825.300), aunque las condiciones crónicas suelen manifestarse en ausencias de un solo día. Si el patrono no pudiera preguntar hasta el tercer día, la Ley 80 se quedaría sin dientes y la FMLA, sin información.

Tampoco vale invocar que la ley laboral se interpreta a favor del trabajador. Ese principio sirve para resolver dudas, no para inventarlas, y el artículo 19 del Código Civil es tajante en que el texto de una ley clara no se menosprecia bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

Quienes defienden la regla de los dos días suelen citar la Consulta Núm. 15,808, que emitió la Oficina de la Procuradora del Trabajo en 2015. Leída completa, la consulta se derrumba como fundamento. La pregunta que contestó era qué debe contener el certificado, no cuándo puede exigirse. Sobre los dos días hay una sola oración, sin análisis, que dice que el patrono "podrá requerir un certificado médico cuando la ausencia excede dos días laborables". No dice que no pueda requerirlo antes. Y aunque lo dijera, no obligaría a nadie. En Vázquez v. Consejo de Titulares, 2025 TSPR 56, el Tribunal Supremo dejó claro que los tribunales no le deben deferencia automática a la interpretación que una agencia hace de la ley. La última palabra sobre el artículo 4(o) la tienen los tribunales, no una consulta, y esta consulta ni siquiera dice lo que se le atribuye.

El texto, la estructura del artículo, la intención del legislador, la jurisprudencia y el resto de nuestras leyes laborales dicen lo mismo. Del otro lado solo hay una oración, sin análisis, en una consulta que contestaba otra pregunta.

¿Y el riesgo? No está en pedir el certificado, sino en pedirlo mal. Los problemas surgen cuando se le exige a unos y a otros no, cuando se pide el diagnóstico o cuando se despide a la primera. El patrono que actúa con una política escrita y una disciplina progresiva ejerce un derecho que la ley le reconoce, y lo que de verdad le cuesta caro es el ausentismo de los lunes y los viernes que hoy no se atreve a verificar.

¿Qué debe hacer, entonces, el patrono que quiera exigir el certificado desde el primer día? Ponerlo por escrito, con acuse de recibo del empleado. Aplicarlo a todos por igual. Pedir solo las fechas y que la ausencia responde a la salud, nunca el diagnóstico, como exigen la ADA y la Ley 44. En eso, curiosamente, la Consulta 15,808 y yo estamos de acuerdo. Y disciplinar el incumplimiento de la norma, nunca la ausencia justificada que el inciso (q) protege.

A quien piense lo contrario, incluido el propio Departamento del Trabajo, lo invito a ponerse por escrito y a señalar en qué palabra de la ley está el límite de los dos días. Esa palabra no existe.

Los dos días del artículo 4(o) son una puerta que el legislador dejó abierta. Nadie tiene derecho a ponerle el candado que el legislador nunca le puso.

Las columnas deben enviarse a mad@corp.microjuris.com y deben ser de 600-800 palabras.