por Sergio M. Marxuach
Director de política pública, Centro para una Nueva Economía

De acuerdo con los documentos del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014, Puerto Rico cuenta actualmente con 51 corporaciones públicas que se estima generen $9,235 millones de "ingresos propios" para financiar sus operaciones. En la práctica, sin embargo, muchas de estas corporaciones reciben subsidios, directos o indirectos, del Fondo General, del Banco Gubernamental de Fomento o de otras corporaciones públicas.

Recientemente, la precaria situación financiera de varias de estas entidades ha sido objeto de debate público, entre ellas la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica (la "AEE") y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ("AAA").

En específico, el aumento en la factura de la AAA ha generado mucha controversia. Este aumento se debe principalmente a (1) la eliminación del subsidio anual que recibía la AAA del Fondo General; (2) la obligación incurrida en el 2006 de hacer una serie de inversiones de capital durante los próximos 15 a 20 años para cumplir con los requisitos del Clean Water Act federal; y (3) el aumento significativo en los costos de la energía eléctrica que la AAA utiliza para correr sus operaciones.

De entrada, nos sorprende la reacción de la gente a este aumento ya que se había anunciado desde febrero de 2012, cuando la AAA acudió a los mercados de capital para hacer una emisión de bonos de $1,800,450,000. En aquel entonces, Fitch, una de la agencias clasificadoras de crédito, advirtió lo siguiente:

Fitch has developed a stress scenario to evaluate the rate hikes necessary to recover these unidentified revenues based on a bad debt rate of 10%, forecasted operating revenues, and planned debt issuances. Based on these assumptions and no commonwealth appropriations in fiscals 2014-2016, rates would need to increase by approximately 50% for fiscal 2014 followed by smaller annual hikes in the 4%-6% range for fiscals 2015-2016, respectively, to generate the $335 million-$425 million of annual unidentified revenues projected by PRASA; it would be expected that additional rate hikes would also be necessary beyond fiscal 2016.

Dicho de otra manera, tuvimos casi año y medio para evitar o por lo menos prepararnos para este aumento pero, como siempre, nadie prestó atención y nadie hizo nada para prepararse. Y ahora pues hay mucho crujir de dientes y rasgar de vestiduras.

Segundo, para evitar esa alza en la factura era necesario recortar los gastos operacionales de la AAA. Si analizamos los gastos operacionales de la AAA encontramos que el gasto principal es en la nómina, que para el año fiscal 2014 se estima en $296 millones. El gobierno de turno, sin embargo, ha tomado la decisión de política pública de no despedir empleados públicos. Muy bien, tomar ese tipo de decisión de política pública es lo que se supone haga un gobierno.

Ahora bien, el costo de la energía eléctrica es el segundo renglón más alto de los costos operacionales de la AAA. Se estima en cerca de $200 millones para el año fiscal 2014. Como es de conocimiento público, la AAA analizó varias opciones para reducir sus costos energéticos, entre ellas la compra de las plantas hidroeléctricas a la AEE, para generar la electricidad necesaria para sus operaciones. Sin embargo, la AEE se opuso tenazmente. Finalmente, el Gobierno optó por legislar para que la AEE le otorgue una tarifa especial a la AAA. En nuestra opinión, esa legislación fue un error. Continuar con la práctica de subsidios cruzados, especialmente en el caso de dos corporaciones públicas que se encuentran al borde de la insolvencia, no tiene mucho sentido.

Tercero, la AAA tiene además que cumplir con el servicio de su deuda, que al 31 de marzo de 2013 sumaba unos $4,649 millones ($9,463 millones, si incluimos los intereses). Gran parte de esa deuda se ha incurrido para cumplir con reglamentos y leyes ambientales.

¿Qué opciones le quedan entonces a la AAA si (1) no puede reducir significativamente sus gastos operacionales principales por razones políticas; (2) tiene que incurrir unos gastos de capital enormes para cumplir con los requisitos del Clean Water Act; y (3) tiene que cumplir con el servicio de una deuda billonaria? Pues hay que aumentar los ingresos, no quedan muchas otras alternativas.

En resumen, nuestro análisis nos lleva a concluir que Puerto Rico tiene que repensar el rol, la gobernanza y las operaciones de las corporaciones públicas. Como parte de ese esfuerzo recomendamos lo siguiente:

• Establecer una comisión especial del Senado a cargo de fiscalizar la operación de las corporaciones públicas y asegurarse de que sean autosustentables en el futuro.
• Eliminar todos los subsidios, directos o indirectos, ya sea del Fondo General, del BGF, o de otras corporaciones públicas, a las corporaciones públicas.
• Reducir gastos los operacionales, eliminando todo lo que no sea necesario para operar la corporación.
• Reformar la gobernanza corporativa de cada una de estas compañías.
• Reestructurar la deuda de las corporaciones que tienen las finanzas más débiles.