Por el licenciado Julio Fontanet Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR)

La muerte de George Floyd no ha sido la primera de un afroamericano mientras reclamaba que no podía respirar como consecuencia de la asfixia producida por un policía. Es la tercera en los últimos años y la segunda que ha quedado plasmada en vídeo. Uno de los aspectos más impresionantes en estas grabaciones es la cara de los policías (uno de Nueva York y el otro de Minneapolis) mientras asfixiaban a cada persona: rostros impávidos, imperturbables, semblantes que proyectan una suerte de satisfacción —o quizás convicción— por la conducta realizada.

En ambos vídeos se percibe también la falta de empatía hacia la víctima de parte de los otros oficiales que acompañaban al policía victimario mientras la víctima agonizaba, ello a pesar de los reclamos de muchos transeúntes que valientemente reclamaban por la vida de esta última. Llama la atención que en ambos casos el proceso de asfixia continuó por varios minutos más después de las personas dejar de respirar y, por lo tanto, quedar totalmente inmóviles; como si se quisiera garantizar, tener certeza de la muerte de la víctima, descartar toda posibilidad de que fuera oportunamente atendida.

La pregunta obligada es si estos son hechos aislados de parte de algunos de los miembros de la policía o si responden a un problema estructural del sistema de justicia penal estadounidense, que trata de manera distinta a los afroamericanos.

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Algunas personas arguyen que, desde que se eliminaron los estatutos de segregación en facilidades públicas y privadas, en el transporte público, en la educación e, inclusive, en los matrimonios interraciales —cuya inobservancia implicaba sanciones penales—, el racismo fue eliminado del ordenamiento jurídico penal.

El problema es que no se trata de normas sustantivas, sino de cómo los funcionarios del orden público ejercen su autoridad sobre las personas fijándose en la pigmentación de su piel.

Cabe preguntarse, entonces, si el trato discriminado trasciende esa «primera línea» de intervención del sistema de justicia penal que son los policías. Es decir, si se extiende a los fiscales, jueces y jurados. Hay que recordar que el trato distinto por razón de raza no necesariamente se proyecta tan virulentamente como en las organizaciones como el Ku Klux Klan (KKK), en la conducta de los policías involucrados en los tres casos mencionados o, incluso, en el linchamiento reciente de Ahmaud Arbery en Georgia.

En muchas instancias ese trato diferente por razones de raza suele ser muy sutil.

Las estadísticas nos deben proveer una idea (o quizás una respuesta categórica) sobre ese particular. Comencemos con los porcentajes de personas encarceladas. Alrededor del 40% de los confinados en espera de juicio o sentenciados son afroamericanos, mientras este sector constituye el 15% de la población de Estados Unidos. Ello implica que uno de cada 33 afroamericanos en ese país está encarcelado. Esto compara de manera preocupante con el hecho de que los blancos constituyen el 60% de la población de Estados Unidos y que solamente uno de 205 está preso.

Las estadísticas sobre intervenciones de policías que luego pueden culminar en procesos penales son también alarmantes.

Las estadísticas de estudios difundidos por el Huffington Post reflejan que los afroamericanos son detenidos al conducir vehículos de motor el doble de ocasiones que los blancos y que, una vez detenidos, la posibilidad de ser registrados es tres veces mayor que la de su contraparte racial.

De ahí surge la doctrina de DWB (driving while black), que levanta sospechas sobre la validez de la detención por parte de la policía de un conductor negro. Por otro lado, en las sentencias impuestas también se destaca una marcada diferencia entre las que se adjudican a blancos y a negros. En el caso de estos últimos, sus sentencias son un 20% más largas que las impuestas a los blancos.

En los casos de pena de muerte, un informe del American Bar Association (ABA) indica que un hombre negro que sale culpable de asesinar a un blanco tiene tres veces más posibilidades de ser sentenciado a muerte que si el convicto es de tez banca. Inclusive, el trato discriminatorio se extiende a cómo se reciben los beneficios de libertad bajo palabra por delitos de naturaleza no violentos: un 65% de los que están excluidos del beneficio de libertad bajo palabra por este tipo de delitos y que han sido sentenciadas a cadena perpetua son negros.

Las estadísticas, como puede verse, no mienten. La raza matiza todas las esferas del proceso penal en los Estados Unidos y en perjuicio de los afroamericanos. Una reforma significativa de toda la estructura del sistema de justicia penal en los Estados Unidos —estatal y federal— es necesaria y, sobre todo, urgente.

Lo contrario sería expresar, casi histriónicamente, que «black lives don’t matter«.

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