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En medio de la discusión pública sobre los casos de violencia doméstica que afectan a nuestra sociedad, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico se encuentra en el proceso de considerar la discusión del Proyecto de la Cámara 715, que busca tipificar como "doble delito" el asesinato de una mujer embarazada.

¿Quién es el autor de la medida?
El autor de la medida es el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz.

Trasfondo de la medida.
Después del asesinato de la joven embarazada Keishla Marlen Rodríguez, Torres Cruz radicó la medida el 4 de mayo de 2021.

Las autoridades federales radicaron cargos contra el púgil puertorriqueño Félix Verdejo y su alegado cómplice, Luis Cádiz Martínez. El juicio comienza el 27 de febrero de 2023. 

¿Qué propone el Proyecto de la Cámara 715?
Este proyecto pretende crear la ley "Keishla Marlen", en honor de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, asesinada mientras estaba embarazada.

El proyecto de ley tiene como propósito establecer que constituirá asesinato en primer grado, aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto.

Dispone, además, que, de configurarse esta modalidad de asesinato, se entenderá que el victimario ha cometido un doble delito; a saber, uno contra la mujer embarazada y otro contra el (la) niño(a) por nacer.

Según la exposición de motivos de la medida, "[e]sta enmienda del Código Penal nuestro no afecta la posibilidad de la mujer a poder abortar, ya que la femenina que es asesinada o que al ser agredida tiene como consecuencia la muerte del nasciturus, tiene el deseo de tener a su bebé.".

Expresa, además, que "[...] si la agresión contra la mujer comporta la muerte del nasciturus o la persona victimaria tiene la intención de asesinar al niño, se entenderá que ha cometido un asesinato en primer grado.".

Preocupaciones.
Surge de la discusión pública de la medida, que el pasado 16 de mayo de 2022 se estaría llevando a cabo una «mark-up session», pero, dadas las preocupaciones, tanto entre legisladoras, legisladores y organizaciones, la misma fue cancelada y el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante Orlando Aponte, se presta a celebrar vista pública para considerar la medida. Aún no se ha anunciado fecha para la misma.

Por su parte, la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), expresó en ponencia escrita que "[aunque se reconoce la urgencia de tratar de manera más efectiva y eficaz el fenómeno de la violencia de género en nuestro País, una enmienda como esta se adhiere a la Política criminal expansiva y simbólica que no ha rendido los resultados democráticos esperados. Mediante este proceder, además, se abren las puertas a la consideración del aborto como un asesinato u homicidio.".

La SAL llega a la conclusión de que "una medida como la presente tendría consecuencias drásticas en todo nuestro ordenamiento penal sustantivo."

Añaden que la misma "tendría una repercusión también en los delitos de aborto e incluso en los delitos de lesiones a la integridad física de quien se consideraría persona natural, pese a ser un concebido pero no nacido. Además, la tendencia político-criminal detrás de esta medida suele atemperarse a las fallidas políticas criminales de expansión del Derecho penal y del punitivismo expansivo"