Por Daniel Rivera Vargas

Un grupo de profesores, economistas, líderes comunitarios celebrarán el próximo miércoles una de varias vistas públicas para preparar un informe comisionado por la Comisión Federal de Derechos Civiles (USCCR, por sus siglas en inglés) con el propósito de abordar el efecto del problema político del país en diversos renglones de la sociedad, según explicó Andrés L. Córdoba Phelps, presidente del comité Asesor de Puerto Rico para la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.

Córdoba Phelps dijo a Microjuris que la comisión es una agencia federal independiente que juega un rol asesor del gobierno federal sobre el estado de los derechos civiles y que recientemente constituyó comités asesores en los territorios federales.

El de Puerto Rico fue creado en el 2022 y se decidió que se discutirá el tema del problema político del país dividido en los subtemas de derecho al voto, discrimen racial y nacional y acceso a programas federales.

«La importancia que tiene es documentar cómo el problema del estatus es un problema de derechos civiles, y cómo el problema político no sólo le concierne a los partidos políticos, que nos concierne a todos y como la ciudadanía en general se ve afectada en todos los niveles por esta situación de subordinación política, como la falta de programas, maltrato de e ciudadanos, es un problema sumamente complejo», dijo el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

La realidad política de Puerto Rico está sujeta a las limitaciones a los territorios impuestas por la doctrina de los casos insulares, que aunque son originalmente de principios del siglo pasado, en tiempos recientes se ha generado lo que Córdoba Phelps considera «una nueva generación de casos insulares«, en la que cuatro decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sánchez Valle, Aurelius, Franklyn-California y Vaello-Madero- han dejado al descubierto las realidades y limitaciones del estatus político existente en la isla.

«Sánchez Valle es el más importante porque sin duda alguna dice que somos un territorio, que no hay soberanía alguna, que estamos sometidos a los poderes plenarios del Congreso. Y es un punto importante para nosotros especialmente para los que consideraban el Estado Libre Asociado como una alternativa, se da al traste con esa idea. Vaello también porque dice que hay poderes plenarios para discriminar contra los ciudadanos, y eso es preocupante», sostuvo el académico.

La primera de las vistas públicas y la que se proyecta como presencial en este momento, será el próximo 10 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la primera de varias vistas públicas sobre el tema.

El evento se dividirá en paneles con numerosas figuras. Como parte del primer panel, participarán el abogado Gregorio Igartua, el profesor Efrén Rivera; Charles Venator Santiago, de la Universidad de Connecticut.

Mientras, en el segundo panel, estará el también profesor de derecho constitucional José Julián Álvarez, el profesor Rafael Rodríguez, director de clínica en la Interamericana, y por la tarde estará Ilka Ríos, presidenta de la asociación de economistas, y representantes de diferentes sectores, incluyendo de la isla municipio de Vieques.

Habrán otras tres a cuatro vistas públicas, que serían virtuales, y se contempló, aunque finalmente no se coordinó, celebrar foros sobre estos temas en las regiones de Ponce y Mayagüez.

Después de cada vista se trabajaría un informe parcial para finalmente preparar un informe final.

«Esperamos tener el informe final temprano el año que viene», sostuvo Córdoba Phelps. «La idea es que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos presente un memorando sobre el tema de los casos insulares».

Agregó que hay un grupo asesor que incluye al economista Sergio Marxuach, la activista comunitaria Christina Gosset, la directora de Ayuda Legal Ariadna Godreau, el senador William Villafañe, Eder Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, entre otros.

«Lo importante es crear un espacio de discusión y mientras más se discute, más atención la gente en Puerto Rico y Washington... si bien es cierto que (la labor de la comisión es ofrecer) consejo, que es eso y no política pública, tiene el valor añadido de formar opinión y llamar la atención al problema que estamos viviendo», añadió.

«No hay plenitud del ejercicio de los derechos civiles en Puerto Rico. No los ejercemos con plenitud. Hay estructuras legales y políticas que afectan el pleno ejercicio de los derechos civiles, y esa es una de las realidades prácticas. No es solo que no hay acceso a todos los fondos federales, sino la autodeterminación, la participación en la toma de decisiones, quienes nos gobiernan, estas son decisiones en las que no participamos», sostuvo Córdoba Phelps.