Ya se encuentra ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el Proyecto del Senado 1649 que busca enmendar la Ley 230 de 1974, mejor conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno que permite el uso de documentos electrónicos en la facturación, trámite y pago de obligaciones del gobierno.

La Ley 151 de 2004, mejor conocida como la Ley de Gobierno Electrónico, declaró previamente como política pública la integración de la tecnología con el quehacer gubernamental.

La medida reconocía que «la incorporación de la tecnología a los programas y servicios de gobierno es una valiosa herramienta para reducir tanto el tiempo de gestión como los costos de operación, y facilitar la supervisión e implantación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, permitiendo que el gobierno preste servicios de mejor calidad».

Dos años después, mediante la Ley 148 de 2006, mejor conocida como la Ley de Transacciones Electrónicas, el gobierno reacción al crecimiento de la tecnología informática en el ámbito comercial y se dispusieron controles para prevenir el fraude y los abusos potenciales al sistema, guiados por principios rectores de apertura y flexibilidad al comercio en general y en específico al comercio cibernético, a través de medidas de cumplimiento a la par con los desarrollos tecnológicos, y aumentando la confianza de nuestros ciudadanos en las transacciones electrónicas.

Tres años después, adoptó la Ley 85 de 2009, mejor conocida como Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos, que transformó aún más el proceso para los ciudadanos, facilitándoles la tramitación de certificados gubernamentales y pagos electrónicamente.

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Ahora bien, la ley que este proyecto busca enmendar establece la política pública respecto al control y contabilidad de fondos y propiedad pública.

Además, dispone los principios y normas generales que deben seguirse en la contabilidad de ingresos, las asignaciones, los desembolsos y la propiedad pública.

Se agrega y ordena también el uso de documentos electrónicos en la facturación, trámite y pago para todas las obligaciones que tenga el gobierno.

Según la exposición de motivos del proyecto, diariamente en el gobierno permite transacciones de obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios con miles de personas o entidades, lo que a su vez genera miles y miles de documentos y conlleva gastos incalculables en papel, copias, carpetas, archivos, almacenamiento y tiempo, utilizando medios electrónicos para tramitar las obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios, mas no así para la facturación, trámite y pago.

Lo que busca la medida es reducir gastos, mantener una contabilidad uniforme y coordinada, y a su vez facilitar la preintervención y examen de los documentos, logrando que el gobierno pueda cumplir más oportunamente con sus obligaciones.

La pieza legislativa de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado fue aprobada en ambos cuerpos legislativos en votación unánime y enviada a la consideración de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, el 5 de agosto de 2020.

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