El Proyecto del Senado 152 que crearía la Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno como una entidad adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos y con autonomía fiscal, programática y administrativa, se encuentra ya en el escritorio del gobernador Pedro Pierluisi para que evalúe si lo firma o lo veta.

La propuesta legislativa, de la autoría de la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de L. Santiago Negrón, y del senador independiente, José A. Vargas Vidot, deroga la ley que ordena que las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para atender a personas con impedimentos auditivos para establecer nuevas medidas de atención a la comunidad sorda.

A la medida se unieron como coautores la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, los senadores del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey y Juan Zaragoza Gómez, por el Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos Santiago, y por el Movimiento Victoria Ciudadana, los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl.

La pieza legislativa destaca que la comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situación de desventaja en cuanto al acceso a los servicios que provee el gobierno y señala que en Estados Unidos el Disability Statistics Annual Report de 2014 evidenció que la tasa de desempleo más alta entre las personas con diversidad funcional era la de las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%), en comparación con aquellas con problemas de visión (39.6%), y otras con problemas de ayuda propia y otras limitaciones (15.2% y 15.3% respectivamente).

Según datos provistos por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para el año 2018 se estimó en un 8.4% el porcentaje de adultos sordos, lo que representa un aumento de 68,495 personas sordas más que lo sugerido para el año 2010, y haciendo la salvedad que los datos de 2018 incluyen solo a adultos.

Mientras, según estudios realizados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cantidad total de personas que reflejan alguna pérdida de audición significativa asciende aproximadamente a 340,000.

Según la información recopilada por el Instituto de Estadísticas, la prevalencia de sordera en Puerto Rico refleja una tendencia ascendente.

En Puerto Rico, todas las agencias gubernamentales tienen la obligación de proveer un intérprete para que asista a las personas sordas o con diversidad auditiva.

Sin embargo, –fuere por consideraciones económicas, administrativas, educativas o volitivas– los mecanismos instituidos en la ley para suplir intérpretes a las personas sordas no han surtido el efecto loable deseado por sus autores, y en la inmensa mayoría de los casos ese servicio es inexistente.

Los legisladores afirman que insistir en el cumplimiento literal de la Ley Núm. 136-1996 no resulta viable, pues ante la falta de personal idóneo en las agencias públicas, la opción de proveer los servicios de interpretación mediante la contratación de recursos profesionales externos en todas las agencias resultaría onerosa, al extremo de hacerla imposible de implementar.

¿Qué propone el proyecto? 

El proyecto propone establecer la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, que tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el desempeño de las responsabilidades y prerrogativas delimitadas en esta Ley, y tendrá como misión ejecutar la política Pública del Poder Ejecutivo en favor de las personas sordas.

La misma brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos del gobierno.

A su vez, brindará servicios de capacitación y adiestramiento de personal a dichas agencias para que la persona sorda que acuda a solicitar servicios pueda ser atendida, además de recopilar informes a ser producidos por las agencias públicas sobre las necesidades específicas de los sordos en cada dependencia, documentar la prestación de servicios y preparar y ofrecer talleres de capacitación a la comunidad sorda sobre cómo interactuar efectivamente con las agencias de gobierno.

Medida fue vetada el cuatrienio pasado

Una versión anterior de esta medida fue aprobada por la Decimoctava Asamblea Legislativa con el voto unánime de todas las delegaciones representadas en los cuerpos legislativos.

Sin embargo, el proyecto fue objeto de un veto de bolsillo emitido por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Se trataba del Proyecto del Senado Número 1486, del 4 de febrero de 2020, y de la autoría del entonces senador, Juan Dalmau Ramírez.