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La primera ejecutiva del País, Jennifer González Colón, tiene ante su consideración un proyecto de ley presentado por el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio B. Matías Rosario, que propone enmendar la Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad.
Se trata del Proyecto del Senado 126, que fue aprobado por unanimidad por ambos cuerpos legislativos y tiene como propósito crear, de manera automática y temporera, filas expreso y de prioridad para personal de salud y primeros respondedores durante un estado de emergencia.
Según surge de la exposición de motivos, la Ley 297-2018 ya establece un sistema de servicio expreso en agencias públicas para personas con impedimentos, adultos mayores, veteranos, mujeres embarazadas y para los residentes de las islas municipio Vieques y Culebra que viajan ida y vuelta en el mismo día. Sin embargo, el proyecto señala que durante la emergencia provocada por el COVID-19, los toques de queda y las restricciones de movilidad provocaron largas filas en supermercados, farmacias y bancos que afectaron también a los sectores vulnerables y al personal que laboraba como primeros respondedores, por lo que hubo que aprobar la Resolución Conjunta 75-2020, que extendió temporeramente las disposiciones de la ley a estos establecimientos.
Por lo cual, en aras de facilitar además la movilidad del personal de salud y de los primeros respondedores en caso de una emergencia similar, esta legislación propone que cada vez que la Gobernadora de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos declare un estado de emergencia, las disposiciones de la Ley 297 se activen automáticamente para crear filas expreso y turnos prioritarios en:
Estas filas prioritarias estarían disponibles para:
Según expone la pieza legislativa, de esta forma se busca asegurar que, durante situaciones de emergencia, quienes protegen y atienden a la ciudadanía tengan acceso más ágil a servicios esenciales, reduciendo su exposición y permitiendo que realicen sus gestiones con mayor eficiencia.
La medida fue enviada a La Fortaleza el día 20 de noviembre, y a partir de esa fecha la Gobernadora tiene 30 días para su firma o veto.