Mientras que la Administración de Vivienda Pública (AVP) alega que ha cumplido los acuerdos de realojamiento con un grupo de exresidentes de lo que fue el residencial Las Gladiolas en el moderno complejo Renaissance Square, un grupo de estos últimos insistió en lo contrario ya que alegan que gracias a la agencia y la compañía desarrolladora «la gente está sufriendo por compromisos y promesas que no pueden cumplir».

Este fue el escenario que se vivió esta semana en una vista pública de la Comisión senatorial de Gobierno que preside el senador Miguel Romero Lugo que se llevó a cabo en virtud de la Resolución del Senado 964 a esos fines.

Renaissance Square, construido en lo que fue Las Gladiolas por McCormack Baron&Salazar, es el primer proyecto de vivienda pública que se construye con tecnología de energía sostenible en Puerto Rico. Este nuevo proyecto cuenta con un total de 140 unidades de viviendas de las cuales 56 son para vivienda pública y se han entregado 37, 28 para «Project Based Vouchers» y 27 para «Low Income Housing Credit». Según reveló la AVP, 27 de las 140 unidades no tienen restricciones en el mercado.

De los 37 apartamentos entregados, hay algunos ocupados por residentes que no eran de Las Gladiolas informó el subsecretario de Vivienda Pública, William Fernández. Por lo tanto, quedan 19 que pueden ser ocupados por los exresidentes que solicitaron ser realojados en dicho lugar.

«Lo que me llama la atención es que si teníamos 56 unidades para vivienda pública y estamos en un proceso de evaluación de personas que están bajo consideración, que se haya abierto la entrada de otras personas que muy bien pudiesen cualificar para vivienda pública pero que no estaban en la lista de prioridad en el contrato que firmó el gobierno con ellos para lograr esta demolición y eso a mí me preocupa», opinó el presidente de la Comisión, Miguel Romero Lugo.

«Con razón, y no me refiero a nadie en particular, las comunidades no confían en las decisiones que toma el gobierno...Estamos dando una estocada a las personas de las cuales el gobierno está velando por sus intereses», añadió el Senador por el Distrito de San Juan para quien esto se debe «investigar hasta la saciedad».

Según el subsecretario de Vivienda Pública local, William Rodríguez, el gobierno federal autorizó la relocalización de los residentes a otras viviendas públicas con un presupuesto total de $689,920.00. Sin embargo, a los residentes se les ofrecieron realojo permanente o temporal a otros proyectos de vivienda pública o en el mercado privado. A los 110 residentes que optaron por los realojos temporales firmaron un acuerdo titulado "Notificación de No Desplazamiento" se les garantizó que una vez terminada la construcción "usted tendrá prioridad en el proceso de ocupación".

"La cláusula antes mencionada significa que los residentes de Las Gladiolas I y II tendrían prioridad para ser evaluados en ese proceso de selección y ocupación para el proyecto sustituto. Lo anterior no les exime de cumplir con los requisitos aplicables mediante la reglamentación federal aplicable al momento de la admisión", dijo el Subsecretario de Vivienda.

Según una carta de la empresa a cargo de la construcción, con fecha de julio de 2017, en la que se anuncia la entrega de los 140 apartamentos, cada solicitante incluido en la lista de familias con prioridad de la Administración de Vivienda está sujeto a que durante el proceso de solicitud se verifiquen: sus ingresos, composición familiar, estudiantes, antecedentes penales, exactitud de la información de aplicación.

Sirve destacar que Vivienda Pública entregó copias de cartas aparentemente enviadas a varios cualificantes para notificarles de una serie de orientaciones para ver si podían aplicar a las viviendas. Las fechas van desde julio de 2017 hasta octubre de 2018.

Este hecho fue contrastado por la presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace, Mirta Colón Pellecier porque "tomando en consideración el contrato de realojo temporero y sabiendo que la comunidad cumplía con los requisitos de vivienda pública, si hubo un cambio posterior a la firma de ‘Notificación de No Desplazamiento’, la comunidad no fue notificada y no debería ser penalizada".

"Es imperante aclarar que, aunque durante todo este periodo (2004-2018) se sostuvieron de una forma u otras comunicaciones (pero) cabe señalar que la información nunca fue vertida de forma clara ni completa. La AVP tenía y tiene el deber legal y ministerial de ‘Mantener informado a los arrendatarios acerca de los requisitos y reglamentos del Programa advertir a los participantes sobre el efecto de dichas reglas’. Hay que denunciar que la AVP ha incumplido con este estatuto promulgado por ellos mismos", denunció Colón Pellecier.

Ante esto, el senador Romero Lugo destacó que "debe haber una comunicación de Vivienda Pública con los (ex)residentes para asegurarse de que esos acuerdos del gobierno de Puerto Rico, nosotros hagamos lo necesario para cumplirlo", indicó el senador por San Juan.

Según Rodríguez, al presente, sólo 48 residentes, de los 110 que optaron por un realojo temporero, han comparecido a su cita de evaluación. De los cuales siete rentaron unidad de vivienda pública en el complejo, uno rentó unidad de mercado abierto en el complejo, nueve se encuentran en proceso de evaluación, 16 cancelaron su solicitud y a 15 se les denegó porque exceden los límites de ingresos.

De las 140 unidades al presente 81 (de la fase 1) ya están disponibles y se han ido entregando.

Para el senador José Vargas Vidot lo que están viviendo los exresidentes de Las Gladiolas es un "proceso triste que imprime una nota de luto en la historia de nuestro país y que se imprime una y otra vez cuando se destruye el capital social y de enlace que son dos elementos que no se pueden cuadrar en una hoja de contabilidad".

Las Gladiolas I y II fueron un proyecto de residencial público que albergó durante más de 30 años a las familias que vivieron en las 676 unidades de vivienda pública, ubicadas en la Calle Quisqueya en Hato Rey. El 2 de febrero de 2006, el Departamento de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) autorizó la demolición de Las Gladiolas ya que ambos proyectos, por su antigüedad, no cumplían con los códigos de construcción locales con relación a su resistencia estructural contra terremotos, incendios entre otros señalamientos.

En caso de que se hubiese decidido remodelar ambos proyectos de vivienda pública (y no la demolición y posterior construcción de otro proyecto) el costo total estimado hubiese sido de $81 millones por lo que Las Gladiolas I y II fueron declarados como obsoletos e inservibles. La demolición fue autorizada el 2 de febrero de 2006.

Al momento de autorizar la demolición de las 676 unidades de vivienda sólo 412 estaban ocupadas.

McCormack Baron&Salazar entró en el panorama durante el año 2014 luego de que HUD avalara la Solicitud de Cualificaciones (Request for Qualifications). El financiamiento de este proyecto es producto del programa federal ‘Low Income Housing Tax Credits’ el cual provee créditos contributivos para el desarrollo de viviendas. El costo de inversión totaliza $43.9 millones de los cuales $20.6 provienen del inversionista privado y los restantes $23.6 millones de la AVP.

Romero Lugo informó que realizará otra vista pública.