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El Senado de Puerto Rico aprobó de forma unánime el Proyecto del Senado 391, una medida legislativa que busca prohibir la rifa o venta de animales mediante anuncios en medios de comunicación escrita, audiovisual o digital interactiva. Esta prohibición aplicará en la mayoría de los casos, con excepción de aquellos anuncios realizados por criadores, reproductores o vendedores comerciales debidamente licenciados por el Departamento de Salud. En estos casos, los anuncios deberán incluir el número de la licencia vigente.

De igual forma, el proyecto dispone que se adiestre a los integrantes de la uniformada estatal y municipal, y a fiscales y jueces en torno al manejo de casos de maltrato animal.

Puedes acceder aquí a la medida

De acuerdo a la exposición de motivos, la Ley 154-2008 prohíbe la venta de animales en las calles, carreteras y lugares públicos del país, pero la misma no incluye lenguaje que limite dicha práctica a través de plataformas digitales, y señala que al presente, el Departamento de Salud solo tiene registrados a tres reproductores o vendedores comerciales de animales, lo que pudiese considerarse como una cifra que está muy por debajo a los innumerables anuncios que se publican diariamente en las redes sociales o diferentes portales, vendiendo una gran cantidad de perros de raza, gatos, entre otros.

La propuesta legislativa establece también un fondo de compensación, que se nutriría del dinero proveniente de las multas impuestas por el DACO a criadores de animales que operen ilegalmente, y dicho dinero iría dirigido al establecimiento de ocho refugios regionales, según dispuesto en la Ley 36-1984, que crea la Oficina Estatal de Control Animal (OECA).

Durante una audiencia pública celebrada a comienzos del mes de mayo por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, que fue la que estuvo a cargo de evaluar dicho proyecto, la directora ejecutiva de la OECA, Wilma Rivera Díaz, indicó que desde su creación en el año 2007, dicha entidad ha carecido de un presupuesto que le permita sostener sus operaciones y cumplir con su responsabilidad en ley para lograr controlar la población de animales realengos.

La medida ha sido remitida a la Cámara de Representantes para su consideración.