Por Perla del Mar Rodríguez Fernández

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El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, y el exsecretario Carlos Saavedra Gutiérrez confirmaron a Microjuris que las enmiendas a la Reforma Laboral, establecidas en la Ley 41-2022, siguen vigentes hasta que un tribunal competente determine lo contrario.

La aclaración surge luego de que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) envió ayer una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, en la que determinaba que el gobierno debía suspender inmediatamente la aplicación y el cumplimiento de la Ley 41 de 2022.

Maldonado González le recordó a todas las empresas —menos las micro, pequeñas y medianas empresas— que desde hoy, miércoles, tendrán que cumplir con lo establecido en las enmiendas a la Reforma Laboral. Mientras tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán hasta el 18 de septiembre para iniciar el cumplimiento.

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos explicó a Microjuris que «en términos estrictamente legales la ley entró en vigor».

Maldonado González llamó a los patronos a prepararse y a tener sus manuales y sistemas al día porque –hasta que un tribunal no determine lo contrario– la Ley 41 de 2022 sigue vigente. Al mismo tiempo, destacó que la comunidad legal y empresarial debe estar atenta a cualquier desarrollo.

El secretario Maldonado González puntualizó que la Junta de Supervisión no puede paralizar el efecto de una ley mediante carta. El también abogado resaltó que la forma en que el gobierno puede paralizar una ley no es mediante una expresión pública, sino que se requeriría una enmienda o resolución concurrente para cambiar la fecha de vigencia de la Ley 41 de 2022, con todo el proceso legislativo que la acción requeriría. La junta, por su parte, tiene la alternativa de ir al tribunal y presentar sus argumentos ante la corte.

Maldonado González recordó que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desarrolló materiales de apoyo para facilitar la preparación organizacional de cara a los cambios que trajo la Ley 41 de 2022, entre los que se encuentra:

• El ABC de las Enmiendas a la Reforma Laboral de 2017 (documento)
• El ABC de la enmiendas a la Reforma Laboral (video)
• Opinión del Secretario Núm. 2022-01 (para discutir el efecto prospectivo de la reducción del periodo probatorio enmendado en la Ley Núm. 41-2022)
• Opinión del Secretario Núm. 2022-02 (sobre criterios para definir micro empresas y pequeños y medianos comerciantes para propósitos de la Ley Núm. 41-2022)
• Opinión del Secretario Núm. 2022-03 (criterios para la acumulación de licencia para vacaciones y por enfermedad de empleados a tiempo parcial)

Marque aquí para conocer más sobre los documentos y procesos reglamentarios relacionados a la Ley Núm. 41-2022.

Por otra parte, el exsecretario Saavedra Gutiérrez explicó a Microjuris que la carta de la Junta de Supervisión era de esperarse, ya que la junta había enviado una primera comunicación antes de que la medida se convirtiera en ley, donde ya adelantaban que, desde su crisol, no iba de acuerdo con la sección 204 y 108 del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA).

Además de urgir la suspensión de la ley, ayer, martes, la Junta de Supervisión requirió una serie de documentos antes del viernes, 22 de julio de 2022. La determinación de la JSAF surge del análisis de su economista y de estudios al interior del cuerpo fiscal, según se desprende de la misiva.

Saavedra Gutiérrez destacó que las 10 páginas de la carta de la Junta de Supervisión dan la impresión de que se están preparando para litigar la vigencia de la ley. Durante la conversación, el exsecretario recordó que la junta fiscal ha impugnada más de una docena de leyes desde el 2019 y que siempre ha ganado los pleitos.

Según describió el abogado, tanto el Tribunal de Título III como el Primer Circuito de Apelaciones en Boston han sido deferentes con los planteamientos de la JSAF, siempre que demuestren que sus planteamientos no son arbitrarios o caprichosos.

«La junta tiene el panorama más fácil por el estándar más laxo», explicó el abogado, refiriéndose a que usualmente se les exige que demuestren que sus determinaciones no parten de un examen arbitrario o caprichoso.

Sin embargo, en esta ocasión la Junta de Supervisión se enfrentaría a una controversia diferente, porque contrario a otras ocasiones, se trata de una legislación que afecta principalmente al sector privado en Puerto Rico y no al gobierno. Para Saavedra Gutiérrez, en esta ocasión la Junta de Supervisión podría estar «probando hasta dónde llega su poder».

El abogado también destacó que esta discusión pública está afectando la facilidad que hay en Puerto Rico para hacer negocios. Al preguntarle qué le diría a los patronos, destacó que las personas deben saber que deben estar pendientes al desarrollo de esta noticia y que «mientras la jueza [Laura Taylor] Swain no determine lo contrario, la ley está en vigor».

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