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El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración un informe positivo para la aprobación del Proyecto del Senado 660, de la autoría de la senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jamie Barlucea Rodríguez, para enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor con el fin de aumentar de $10,000 a $20,000 el monto máximo de las multas administrativas que puede imponer dicha agencia en casos donde determine temeridad.
De acuerdo con la exposición de motivos, al crearse la ley en 1973, el estatuto le permitía al secretario o secretaria de dicha agencia poder imponer multas, pero no establecía un tope específico, y fue a través de enmienda en el año 1990 que se fijó el límite máximo de $10,000 por infracción, el cual desde entonces no ha sido ajustado.
Se señala que este monto ha perdido más de un 58% de su valor real por efecto de la inflación, lo que ha mermado su efectividad como herramienta disuasiva frente a infracciones significativas, especialmente aquellas cometidas por grandes empresas o con amplio impacto colectivo.
El proyecto además destaca, que según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, dicha cantidad de $10,000 para el año 1990 equivalen hoy a cerca de $24,000, lo que justifica plenamente el aumento propuesto en la cuantía de las sanciones.
La pieza legislativa aclara también, que DACO no impone automáticamente las multas, sino que emite previamente un «aviso de infracción» para notificar al comerciante sobre la posible violación y la sanción preliminar, garantizando así el debido proceso.
La medida fue evaluada por la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado y se encuentra pendiente de la consideración del pleno de los senadores.