Por Daniel Rivera Vargas

Al tiempo que se presentaba formalmente el proyecto de ley de estatus para Puerto Rico, que revela posibles fechas para las consultas y los cambios para los residentes de la isla en temas como la ciudadanía, la defensa y el seguro social, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Raúl Grijalva, anunció recientemente que tan pronto como en la siguiente semana bajará la medida a votación en comisión.

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"Encontrar una resolución al estatus político de Puerto Rico ha sido una de mis principales prioridades como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Pero sé que la descolonización de Puerto Rico no debe ser una decisión de los legisladores solo en Washington", dijo Grijalva, en declaraciones escritas.

«La ley de estatus de Puerto Rico bajará a votación en el comité de Recursos Naturales la próxima semana», se indicó mediante comunicado de prensa.

El texto del proyecto indica que solo deben participar residentes en Puerto Rico elegibles para votar en elecciones generales, que el proceso podría tener dos consultas: la primera el 5 de noviembre de 2023 entre estatus, estadidad, independencia y libre asociación con soberanía; y si la fórmula ganadora no logra un 50% de los votos, habría una segunda vuelta entre las dos fórmulas con más votos, que se celebraría el 3 de marzo de 2024.

El proyecto define las fórmulas de estatus. Por ejemplo, en la independencia Puerto Rico tendría su propia política monetaria y migratoria, y los que ya sean ciudadanos americanos tendrían esa ciudadanía pero no sus hijos. El dinero ya aportado al seguro social estadounidense se traslada al gobierno de Puerto Rico para su uso en un seguro social puertorriqueño, mientras que a los seis meses del triunfo de la independencia, se tendría que celebrar una asamblea constituyente que defina el nuevo parámetro legal del país, que como mínimo garantiza el derecho a un debido proceso de ley, libertad de prensa, libertad de asociación, de religión y derechos para los acusados.

Por otro lado, bajo la libre asociación se establecerán en el futuro artículos de libre asociación negociados entre Puerto Rico y Estados Unidos para temas como relaciones internacionales, defensa, asistencia económica, entre otros.  Al igual que la independencia se celebraría una asamblea constituyente en seis meses, con ciudadanía americana para los que nazcan de padres con esa ciudadanía al momento de establecerse la libre asociación; y cesarán de estar vigentes diversas leyes federales. Los procesos judiciales federales pendientes pasarían a tribunales estatales, mientras se mantienen ayudas o asistencias federales para veteranos, discapacitados, con una eventual transferencia de los fondos del seguro social de Estados Unidos al que establezca la nación de Puerto Rico, entre otros.

Asimismo, en la estadidad se trataría a la isla igual que el resto de los 50 estados, incluyendo la aplicación de impuestos federales, se permitirá la elección de los senadores y congresistas que corresponda, adhesión a la Constitución y leyes federales, entre otras.

Además, bajo este proyecto habría una campaña educativa previa a las consultas que finalmente sean necesarias y se elimina la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El borrador del proyecto fue anunciado en mayo y a principios de esta semana se precisó que ya hay un acuerdo sobre el texto de la ley. Esto luego de una serie de reuniones celebradas en Puerto Rico, durante el mes pasado, encabezadas por Grijalva, y en el que participaron la comisionada residente Jenniffer González Colón  y las congresistas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez. La congresista Ocasio Cortez no aparece como coautora de la medida, pero sí figuran como coautores el también puertorriqueño Darren Soto, y el líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer.

"En este proyecto de ley, tenemos un compromiso que no hace las cosas a favor de un resultado u otro, sino que establece un proceso justo y democrático para la autodeterminación", afirmo Velazquez.

"Con esta legislación, el Congreso rechaza el estatus quo y permite que los votantes decidan su futuro con tres opciones constitucionalmente viables", sostuvo González Colón.

Los puntos medulares de la Ley del Estatus de Puerto Rico (H.R. 8398), anunciados por Grijalva, son:

• Autoriza un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el estatus político de Puerto Rico.
• Precisa y define las opciones de estatus no territoriales de Puerto Rico: Estadidad, Independencia y Soberanía en Libre Asociación con los Estados Unidos.
• Dispone una campaña de educación electoral objetiva, no partidista y financiada por el gobierno federal antes de la votación.
• Establece un proceso y fechas límites para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revise los materiales de educación para votantes y el diseño de la papeleta del plebiscito.
• Autoriza los fondos necesarios para llevar a cabo un plebiscito inicial y, de ser necesario, un plebiscito de segunda vuelta.
• Describe la transición e implementación de cada opción de estatus detalladamente para que los votantes elegibles en Puerto Rico tomen una decisión informada.
• Asegura la implementación de la opción seleccionada por la mayoría de los votantes elegibles en Puerto Rico.