La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Luis "Narmito" Ortiz Lugo, recibió la comparecencia del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres y el comisionado de la Policía, Antonio López, como parte de una investigación cameral sobre el uso de fondos públicos para sufragar gastos de escoltas.

Ambos jefes de seguridad completaron la entrega de los requerimientos de información solicitados por la Comisión en virtud de la Resolución de la Cámara 93. El pasado 1 de marzo el Secretario del DSP y el Comisionado fueron citados a una vista pública a la cual no comparecieron.

"Hoy estamos gastando casi dos millones en pago de ‘overtime’ de los escoltas. Con esta resolución y las medidas que esta Cámara de Representantes ha presentado y ha aprobado buscamos reducir al mínimo los gastos de escoltas en reconocimiento de la situación fiscal que atraviesa el país. Sin dudas, tenemos que ser mesurados en la cantidad de policías que se asignan para los escoltas, entendiendo la situación de seguridad que atraviesa la isla. La mayoría de nuestros policías deben continuar atendiendo las necesidades de nuestra gente" señaló el representante Ortiz Lugo.

Según los requerimientos de información de la Comisión y entregados por el DPS, entre los meses de enero a noviembre del 2021, la Policía pagó en horas extras a los grupos de escoltas un total de $1,318,782.89.

A preguntas del representante Ortiz Lugo, Antonio López mencionó que el DPS tiene 61 agentes destacados en servicios de escoltas. El comisionado de la Policía apuntó que el pago de nómina de los escoltas es absorbido por el presupuesto de la Policía de Puerto Rico.

Sin embargo, López anotó que en el caso de horas extras de agentes destacados en agencias del gobierno, la dependencia gubernamental le paga a la Policía el tiempo adicional de trabajo a través de un método de reembolso.

A su vez, el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón preguntó "¿en dónde en la ley surge que se puede enviar oficiales de destaque a servir de escoltas a un secretario y no bajo los criterios de salud y bienestar como ustedes indican en sus ponencias?".

"Esos agentes se destacan a tenor con las disposiciones de la Ley 8 de Recursos Humanos", explicó Antonio López.

"Ustedes bajo el concepto de destaque de la Ley 8 están enviando oficiales de la policía a, por ejemplo, el Departamento de Hacienda. Pero eso no es al amparo de los requerimientos de salud y bienestar. Eso no es otra forma que burlar la ley para asignar una escolta sin utilizar una ley", denunció Márquez Lebrón.

"En el Departamento de Seguridad Pública estamos haciendo las cosas como corresponde la ley. Nosotros estamos encaminados en la ley y las hacemos cumplir", respondió Antonio López al representante del PIP.

Los servicios de escolta a los dignatarios del gobierno de Puerto Rico los ofrece la Oficina de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía, adscrito al Departamento de Seguridad Pública.

Actualmente, la Ley 66 del 2024, conocida como la "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", prohíbe el uso de fondos públicos en el pago de escoltas a los jefes de las entidades de la Rama Ejecutiva.

"Sin embargo, por vía de excepción, y dada la naturaleza de las funciones que realizan, esta prohibición no será extensiva al Secretario de Estado, Secretario de Justicia, Secretario Corrección y Rehabilitación y al Superintendente de la Policía", anotó el secretario del DSP, Alexis Torres.

"De igual forma, el Gobernador de Puerto Rico podrá autorizar una escolta personal cuando sea necesario para proteger la salud, seguridad y bienestar de cualquier funcionario de Gobierno que se vea afectado como resultado de decisiones tomadas en el desempeño de su cargo", explicó el jefe de seguridad.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló añadió en su turno de preguntas que la investigación sobre el gasto público dirigido a las escoltas es un tema de interés mediático. "Esto es un tema que vende. La realidad es que aquí hay una ley que está vigente y el Comisionado de la Policía y el Secretario de Seguridad Pública tienen la obligación de cumplirla", mencionó Rodríguez Aguiló.

Por otro lado, el legislador José Aponte Hernández preguntó a los jefes de agencia si actualmente algún familiar del gobernador tiene alguna escolta asignada. "No, ahora mismo ningún familiar del gobernador tiene escoltas", subrayó el secretario del DSP.

También, Alexis Torres destacó que el único jefe de agencia que actualmente cuenta con una escolta asignada por recibir una amenaza es el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando A. Rivera Carrión.

El jefe de la DSP destacó que el secretario de Agricultura, Rafael Machargo Maldonado ya no ostenta una escolta. El funcionario Machargo Maldonado, según documentos entregados por la DSP, recibió una alegada amenaza de muerte el pasado 14 de octubre de 2021 a través de una llamada telefónica.

Por otra parte, la representante Mariana Nogales añadió que "es importante volver a traer la medida que atiende la posible eliminación de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública". Luego, reconoció el trabajo del comisionado de la Policía, Antonio López.

"Entiendo que es un policía con el entrenamiento y con el conocimiento para dirigir el cuerpo de la Policía y que no le hace falta un supervisor adicional bajo la estructura del DSP", destacó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

A su vez, la legisladora del MVC requirió al DSP la cantidad de mujeres que conforman parte del grupo de escoltas. También, preguntó a los jefes de seguridad si alguna vez se le ha asignado una escolta a una persona víctima de violencia doméstica. Por otra parte, requirió la información sobre cuántas escoltas se le han asignado en el pasado a las y los fiscales.

El DSP tendrá 5 días laborables para entregar todos los requerimientos adicionales de información que los legisladores realizaron en la vista pública.