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Por el Lcdo. Javier F. Ramos Rodríguez, abogado y profesor

En un reciente caso de familia que litigué, enfrentamos discrepancias alarmantes en el informe social forense emitido por la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores de la Oficina de Administración de Tribunales.

La impugnación de este informe exigió la contratación de peritos y la realización de extensas vistas judiciales, poniendo de manifiesto la divergencia entre la información proporcionada por nuestro cliente en su entrevista con la trabajadora social y lo que se reflejó en el informe y su posterior testimonio en corte.

El informe omitió gran parte de los detalles aportados por nuestro cliente, mientras que presentó de manera detallada y favorable la versión de la parte contraria. Esta parcialidad nos obligó a realizar un exhaustivo contrainterrogatorio, apoyados por la perita contratada, para desacreditar las conclusiones y recomendaciones del informe. Este esfuerzo fue facilitado gracias a la detallada memoria de nuestro cliente, quien documentó lo sucedido inmediatamente después de su entrevista con la trabajadora social.

La sorpresa de nuestro cliente ante las omisiones en el informe fue palpable. Afortunadamente, sus detalladas notas nos permitieron confrontar eficazmente a la trabajadora social, quien tuvo que admitir las omisiones. A pesar de ganar el caso, este episodio destaca la imperiosa necesidad de grabar las entrevistas realizadas por la Unidad Social para asegurar la transparencia y la veracidad en el proceso.

Entiendo la importancia de la confidencialidad en los casos de derecho de familia, pero la documentación en formato de audio o audiovisual de las entrevistas podría prevenir las complicaciones que prolongan y complican estos litigios. Aunque anticipamos resistencia por parte de algunos trabajadores sociales, la realidad es que las grabaciones servirían tanto para desenmascarar a quienes mienten y manipulan la información como para respaldar a los profesionales honestos y competentes.

Es posible que surjan preocupaciones sobre la manipulación de grabaciones, el impacto en la relación profesional-cliente y la posibilidad de interpretaciones erróneas por falta de contexto. Sin embargo, estas inquietudes pueden ser abordadas mediante la implementación de normativas estrictas que garanticen la integridad y la completa contextualización de las grabaciones.

La documentación de las intervenciones sociales debería ser una práctica estándar, con las grabaciones sujetas a las mismas protecciones procesales y sustantivas que cualquier otra evidencia en el ámbito judicial. Su admisibilidad como prueba permitiría una impugnación más efectiva de los testimonios y contribuiría significativamente a la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de familia, especialmente por el bienestar de los menores involucrados.

Es imperativo que adoptemos medidas para asegurar la integridad y la imparcialidad en los informes sociales forenses. La grabación de las entrevistas no solo mejoraría la calidad del trabajo de los trabajadores sociales, sino que también reforzaría la confianza en el sistema de justicia familiar, beneficiando a todas las partes involucradas.

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