Por la Profa. Dra. Alba López Arzola, Coordinadora de Proyectos Académicos, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Hoy, 10 de mayo se celebra el primer Día Nacional de la Concientización sobre el Fentanilo y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), con su programa de Maestría en Derecho de Salud (LLM), se une a este esfuerzo pionero de alcance multisectorial. Este día estará enfocado en concienciar y sensibilizar sobre el grave problema de salud pública que representa el uso no médico del fentanilo en los Estados Unidos y en Puerto Rico.

La crisis de los opioides en los Estados Unidos ha empeorado dramáticamente durante la pandemia del COVID-19. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en el 2020 las muertes por sobredosis de opioides, farmacéuticos e ilegales, se aceleraron y aumentaron en más de un 30% en comparación con el año anterior. Para el período de 2021, el aumento respecto al 2020 fue similar, con cifras que reflejan un incremento de un 28% en los casos fatales. A nivel nacional, las muertes por sobredosis de opioides sobrepasan las 100,000 anualmente. La mayoría de estas muertes son atribuibles al fentanilo fabricado ilegalmente, lo que es un fenómeno reciente poco conocido por la población en general, pero con un impacto dramático en nuestra sociedad.

Los CDC informan que el fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina y 50 más potente que la heroína. Por su extrema potencia, el fentanilo es añadido a otras drogas ilegales para reducir los costos de producción. Además, las tabletas de fentanilo son fáciles de adquirir en las redes sociales y en las plataformas de comercio electrónico. Estas píldoras fabricadas ilegalmente se hacen pasar por opioides recetados como la oxicodona (Oxycontin®, Percocet®), la hidrocodona (Vicodin®) y el alprazolam (Xanax®); o estimulantes como las anfetaminas (Adderall®).

El fentanilo ilegal ha disparado las sobredosis masivas, la intoxicación de tres personas o más simultáneamente, siendo la de más reciente notoriedad una ocurrida en Florida el pasado 10 de marzo, y lidera las causas de muertes entre las personas menores de 50 años, incluidos los homicidios por armas de fuego y los accidentes automovilísticos. A las alarmantes cifras de muertes por sobredosis de este peligroso opioide sintético de acción rápida, se añade la preocupación por la carga económica total derivada del abuso del fentanilo para fines no médicos, lo que incluye los costos de intervención sanitaria y del sistema de justicia criminal. Los expertos han calificado el uso no médico del fentanilo como una crisis de salud pública sin precedentes, con las características propias de una epidemia y de una emergencia nacional.

Como dato de interés para los abogados, en el 2018 el Departamento de Justicia de Puerto Rico se unió a un cúmulo de acciones civiles y criminales contra el fabricante de medicamentos Purdue Pharma LP. Las acciones legales buscaban responsabilizar al productor de OxyContin por los daños causados por este adictivo opiáceo y los gastos incurridos por las autoridades gubernamentales federales y locales para atacar la actual crisis sanitaria. En noviembre de 2020, Purdue Pharma admitió culpabilidad por tres cargos, uno por violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y dos por conspiración para violar la Ley Federal Antisoborno. Se le impuso entonces una multa de 8,340 millones de dólares por los daños causados por su adictivo opiáceo, siendo la más alta impuesta hasta el momento a un productor farmacéutico en un esfuerzo sin precedente de rendición de cuentas mediante mecanismos judiciales.

A nivel local, el 27 de agosto de 2021 se aprobó la Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico (Ley Núm. 35-2021) que establece determinadas protecciones para quienes sufran una sobredosis y soliciten asistencia médica de emergencia, así como para permitir el uso de naloxona por no profesionales de la salud. La naloxona es un medicamento que revierte rápidamente los efectos nocivos de un opioide en el cuerpo, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en una carrera contra el tiempo. Además, tan reciente como el pasado 31 de marzo fue aprobada la Ley Núm. 14-2022, la cual enmendó la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, para requerir que los médicos discutan con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides y las opciones de tratamientos para el manejo del dolor o el cuidado paliativo de enfermedades terminales.

El programa de la Maestría en Derecho de Salud (LLM) de la PUCPR provee a los abogados y abogadas puertorriqueños conocimiento especializado para atender desde el Derecho, o con un enfoque normativo, el problema de salud pública que actualmente representa el uso no médico del fentanilo y otros opioides. En la etapa final de los estudios provee la oportunidad de integrar los conceptos teóricos sobre el Derecho y la Salud en un proyecto de investigación. Así, deseamos que los miembros de la profesión jurídica puertorriqueña se unan al esfuerzo del primer Día Nacional de la Concientización sobre el Fentanilo, lleven el mensaje para salvar vidas y se animen a tener una formación de posgrado en Derecho de Salud.