Por Daniel Rivera Vargas

En momentos en que se ha detectado un déficit millonario en el financiamiento del programa conocido como Escuelas Alianza, la Junta de Supervisión y Administración Financiera requirió información a la administración de Jennifer González Colón sobre la actual operación del mismo y el interés de seguirlo expandiendo.

Las escuelas alianza (EPA, según las siglas en inglés usadas por la junta), que a mediados de año fueron objeto de otros señalamientos por parte de la Oficina del Inspector General, son descritas como escuelas públicas, pero operadas por un ente privado. En la actualidad, hay 21 de estos planteles, pero se agregaron cinco más en este año fiscal y se busca establecer otros adicionales, de acuerdo a la misiva firmada por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica Jr.

Pero, de acuerdo con el análisis de la junta, hay problemas con el manejo de fondos en ese programa. Por ejemplo, hay cerca de 20 enmiendas propuestas a los contratos con esos operadores que ascienden a $43,716,949.58, y estas no fueron sometidas a la Junta de Supervisión para su autorización.

Asimismo, el Departamento de Educación ya ha anticipado un déficit este año fiscal de $13,093,924 para los gastos en esas escuelas, y se supone que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) coordine como atender esta deficiencia de fondos públicos.

"La Junta de Supervisión busca información sobre la revisión fiscal realizada en relación con los compromisos contractuales de la EPA, las circunstancias bajo las cuales se aprobaron esos compromisos a pesar de la deficiencia de financiamiento revelada posteriormente, y los controles aplicados antes de que se soliciten o autoricen EPAs adicionales", se indicó en la carta.

Hay contratos adicionales a los que totalizan $43 millones, pero el gobierno no estaba obligado a  someterlos a la Junta de Supervisión por su cuantía, pero el ente fiscal creado por la ley federal PROMESA solicitó al gobierno consistencia en sus controles fiscales "independientemente"  de si la junta debe revisar ese contrato. Parte de lo que se solicita por parte de la junta son más detalles sobre esos contratos que usualmente no pasan por su proceso de revision.

También plantea la misiva que el gobierno tiene una convocatoria para que mas organizaciones se unan a la iniciativa de Escuelas Alianza, por lo que parte de lo que se pide es que se detalle cuantas escuelas mas se proyectan abrir y de que fuente saldrá el financiamiento de ese proyecto.

Mediante una misiva de cinco páginas, la Junta de Supervisión da al gobierno hasta el 30 de noviembre para proveerle la información solicitada. La carta se dirige al director de OGP, Orlando Rivera Berríos, y el secretario de Educación, Eliezer Ramos.

La misiva de la Junta surge a cinco meses de que la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico también identificara "deficiencias significativas en la fiscalización" sobre estas escuelas en áreas como la radicación de informes anuales, falta de actualización del portal del DE, omisiones en visitas previas a la apertura y deficiencias en el proceso de evaluación de propuestas. También se hallaron problemas en la gestión documental, ausencia de fechas y falta de seguimiento adecuado.

Informe de Examen OIG-E-26-007

Los señalamientos incluyen que no se desembolsaron $35 millones atribuibles, entre otros factores, a los tiempos de implantación de las propuestas aprobadas y al desarrollo de los procesos administrativos de las entidades operadoras.

"Las deficiencias representan riesgos financieros significativos y limitan la transparencia, rendición de cuentas y efectividad en la administración de fondos públicos", reza el informe de la oficina que dirige la inspectora general Ivelisse Torres Rivera.