Las tres escuelas de derecho en Puerto Rico solicitaron ayer al Tribunal Supremo de Puerto Rico que devuelva a dos días el examen de reválida para los aspirantes al ejercicio de la abogacía.

A través de en una declaración conjunta, las instituciones se unieron con el fin de que «el conocimiento y competencias de los estudiantes puedan ser evaluados con rigor y, al mismo tiempo, de un modo justo», expresaron en un comunicado de prensa.

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La decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Vivian I. Neptune Rivera, destacó  que «el formato de administrar el examen en un solo día respondió a la pandemia del COVID-19 y comenzó con el examen de septiembre de 2020, luego de la cancelación del examen de marzo de 2020. La vacunación, pruebas rápidas y el distanciamiento físico, así como el uso de mascarillas, han sido medidas efectivas que han permitido retomar actividades presenciales en lugares cerrados».

«No existe razón para que el examen de septiembre 2022 se administre en un solo día y se mezclen materias sin considerar el tiempo real que tienen les estudiantes para responder. Los tres decanos todavía tenemos señalamientos sustantivos sobre la falta de transparencia en la elaboración del examen», afirmó la licenciada.

Asimismo,  reiteró que han solicitado que a un grupo de personas expertas de cada escuela les permitan evaluar las preguntas de selección múltiple o que la Junta Examinadora libere las preguntas que fueron descartadas al entrar en vigor el nuevo Código Civil.

«Repetir que la calibración valida el examen, no atiende nuestros señalamientos. Mientras, continuamos trabajando para que haya una reestructuración real del examen. Estamos convencidos de que lo justo para el estudiantado es que se regrese al formato de dos días», aseguró la decana.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Julio Fontanet Maldonado, coincidió y recalcó que es imperativo regresar al examen de dos días.

«Se debe descartar la opción del examen de un solo día, durante el cual, de manera atropellada, se hacen preguntas sobre múltiples materias y estas apiñadas. Mientras más tiempo tenga un estudiante para demostrar su dominio del derecho, es mejor para todos», comentó el licenciado.

Fontanet destacó la iniciativa del Tribunal Supremo de revisar y ajustar la nota de pase (después de 35 años). Sin embargo, advirtió que «todavía hay otros problemas —como el tipo de preguntas que se hacen, el modo en que se corrigen y el valor que se les atribuye— pues han sido causantes del bajo porcentaje en la aprobación del examen», mencionó.

«Este examen debe enfocarse para que sea el mejor mecanismo para medir las capacidades y talentos de nuestros futuros colegas, no como un recurso para limitar el ejercicio de la abogacía en nuestro país», sostuvo Fontanet Maldonado.

El decano expresó que las tres escuelas están dispuestas a ofrecer gratuitamente sus instalaciones para que la Junta de Reválida pueda ofrecer el examen en dos días, en caso de que la razón para no hacerlo es de índole fiscal. «Tampoco el asunto de la pandemia debe ser excusa para limitar los días de reválida, pues, ¿cómo es posible que pueda haber conciertos de música popular de tres días corridos con más de 17 mil personas cada día y no pueda darse un examen de reválida de dos días para 500 personas», cuestionó. 

Por otro lado, el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno Orama, enfatizó en la necesidad de que el examen de reválida vuelva a tener un formato más largo.

«Hay opciones que se pudieran considerar, particularmente en cuanto a las preguntas de discusión. Por ejemplo, en lugar de dos días se podría considerar un día y medio con la inclusión de cuatro preguntas de discusión, lo que evitaría que se aglomeraran temas en pocas preguntas. Nuevamente, se trata de un proceso en el que las escuelas podemos aportar ideas, recursos y espacios para que el examen sea verdaderamente transparente, tanto para las personas que lo toman como para la ciudadanía, que confía en que las personas con licencia para la abogacía tienen las destrezas para brindar un servicio adecuado», compartió.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) también se unió a los requerimientos de las tres escuelas de derecho a través de su presidenta, la licenciada Daisy Calcaño López.