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La representante María Milagros Charbonier planteó a Microjuris.com que paralizó el proceso de vistas públicas mientras recibe los datos oficiales sobre las personas que están confinadas a partir de veredictos que no fueron unánimes, para ampliar la discusión pública y discutir las dudas que puedan existir sobre la medida.

«La discusión tiene que seguir porque se trata de derechos. No tengo prisa. No me puedo presionar a mí ni a los compañeros representantes», explicó Charbonier.

La representante le requerirá datos, con un plazo de 15 días, al Instituto de Estadísticas, al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de Justicia y a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

La idea de la representante es conocer con mayor precisión la cantidad de personas que están confinadas y que podrían beneficiarse de una legislación que les provea un nuevo juicio.

«No es posible continuar a ciegas», sostuvo.

Mientras tanto, explicó que pueden existir entre 130 y 150 personas que ya pueden solicitar un nuevo juicio, sin que la Asamblea Legislativa tenga que aprobar medida alguna sobre la retroactividad del derecho a veredictos unánimes.

Uno de los posibles 180 casos beneficiados sin la necesidad de intervención legislativa es el de Pablo Casellas Toro. La representante sostuvo que el nuevo juicio para Casellas Toro muestra que no habrá un proceso de indulto, sino un nuevo proceso judicial.

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Además, señaló que la Asamblea Legislativa no debería esperar a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva a finales de año el caso de Edward v. Vannoy para determinar si existe la retroactividad del derecho a un veredicto unánime en los juicios por jurado (que se resolvió el tribunal en Ramos v. Louisiana).

«El legislador legisla y no puede dejar en manos del tribunal el legislar. Deberíamos poder ponernos de acuerdo con un buen proyecto para ver cómo aplicamos la regla para que no se convierta en un proceso arbitrario», explicó la licenciada.

La representante se refiere al Proyecto del Senado 1590, mientras el Senado de Puerto Rico deberá revisar pronto el Proyecto de la Cámara 2476, que atiende también la retroactividad del derecho a veredictos unánimes en los juicios por jurado.

Ambos proyectos surgieron luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió Ramos v. Louisiana para dictaminar que los juicios por jurado por delito grave deberán ser resueltos por unanimidad para que la persona acusada sea declarada culpable.

Luego, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en la decisión unánime de Pueblo v. Tomás Torres Rivera que la exigencia de los veredictos unánimes en los casos penales por delitos graves pautada en Ramos v. Louisiana aplicaba a Puerto Rico.

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