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Por Daniel Rivera Vargas

La jueza Maritere Colón Domínguez, Directora Administrativa Auxiliar de los Tribunales, afirmó que los anuarios estadísticos son herramientas que, al recopilar información, permiten visualizar diversos aspectos en los tribunales de Puerto Rico.

El 11 de abril pasado, el Poder Judicial publicó el anuario estadístico más reciente y completo de esa rama de gobierno, correspondiente al año fiscal 2021-2022.

El documento de 130 páginas contiene numerosas tablas y datos que ofrecen una amplia gama de información sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, incluso a nivel municipal.

Estos segmentos abarcan desde las causas de acción civil hasta las estadísticas sobre apelaciones, así como aspectos relacionados con el bienestar de algunos niños y adolescentes, entre otros temas.

«El anuario recopila datos que permitan de alguna manera comunicar cuál es la gestión que se está haciendo, que se conozca la gestión que hacen todos nuestros tribunales», sostuvo la jueza.

Según Colón Domínguez, los anuarios estadísticos, como el publicado este mes, contienen una variedad de cifras que van más allá del ámbito del Poder Judicial. Estos datos pueden ser utilizados por diferentes sectores de la ciudadanía para realizar análisis y reflexionar sobre la realidad de las situaciones en los tribunales del archipiélago.

Pero son cifras que tienen un uso práctico en la judicatura, explicó Colón Domïnguez.

«En el fuero interno, incluye números que nos permiten tomar medidas administrativas, como por ejemplo debemos nombrar algún comité para atender un tema en particular, si debemos mover jueces para atender un cúmulo de trabajo en una región distinta a la otra», añadió la funcionaria.

La jueza aclaró que a nivel administrativo del Poder Judicial no se evalúan las cifras de forma anual, sino de forma mensual, y eso les permite ir tomando determinadas decisiones.

«Este año en particular tuvimos un alza particular de las revisiones de boletos de tránsito. Eso es un asunto de competencia municipal, (y como) tenemos ahora mismo unas vacantes de las plazas municipales y como parte de las decisiones administrativas se tuvo que tomar la decisión de asignar a jueces superiores para atender estos asuntos, porque veíamos cómo iba incrementando el volumen... para que no se acumulen esas causas de acción», sostuvo.

Los jueces municipales también se ocupan de asuntos como desahucios y cobros de dinero de menor cuantía, los cuales son gestionados bajo la Regla 60.

La jueza aclaró que, aunque ambas áreas se vieron afectadas por una pausa temporal y una reducción en el número de jueces municipales, actualmente no existe un retraso significativo en el manejo de casos en estas categorías de acción.

Aclaró que la merma en jueces municipales se debe en parte a que muchos fueron recientemente ascendidos a jueces superiores.

Otra medida que ha usado cuando hay regiones judiciales que se comienzan a ver afectadas es que mueven jueces de área, como pasó recientemente cuando se trasladó a un juez de Aibonito al Centro Judicial de Caguas.

Cuestionada sobre los casos de menores que se reportan en el anuario estadístico, con niñas de 9 años o menos siendo llevadas al tribunal, la jueza Colón Domínguez reconoció que la decisión de los procuradores de menores de llevar a estos menores al tribunal «siempre ha sido algo controversial», pero el rol de los jueces es atender la situación.

«Si estas personas (menores) son llevadas al tribunal, le corresponde al juez determinar si hubo o no una falta», dijo.