Eric Holder anunció nueva política enmarcada en la estrategia de reducir la población carcelaria

Traficantes que no pertenezcan a cárteles de drogas podrán tener penas menores

El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, anunció un cambio radical en la estrategia que actualmente se emplea en la lucha antidroga de ese país, por medio de una reforma en el sistema judicial. A tal menester, Holder presentó la primera de estas medidas: una nueva política del Departamento de Justicia que plantea ordenar a los fiscales que no exijan penas mínimas obligatorias a convictos procesados por delitos menores de narcotráfico que no sean parte de bandas criminales.

La medida forma parte del Plan para el 2013, presentado durante el mes de abril pasado por Richard Gil Kerlikowske, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de la Droga.

"El encarcelamiento no puede ser la solución a la cuestión de las drogas", expresó en aquel entonces Kerlikowske, quien apostó al nuevo plan que potencia la educación, la asistencia sanitaria y la reforma del sistema judicial como herramientas para reducir el abuso del consumo y las consecuencias de la adicción

En ese sentido, el cambio presentado por Holder se enmarca en la meta de reducir la población carcelaria, acabar con la cultura de guerra que visualiza la guerra contra las drogas como uno de estricta seguridad y el asunto como uno de salud pública.

Según estas nuevas instrucciones, en casos en los que la fiscalía se encuentre ante este tipo de narcotraficantes, no deberán incluir en los documentos de acusación la cantidad de droga decomisada. De esta forma se le cede al juez la posibilidad de adaptar la sentencia a las condiciones específicas del caso que tiene ante sí y del autor específico. En la actualidad, los jueces están obligados a imponer una pena obligatoria mínima de entre cinco y diez años, en función de la cantidad y tipo de droga que se ocupe al momento del arresto. Esto impide a los jueces el establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso, poniendo trabas a la posibilidad de rehabilitación del arrestado.

Esta política también propone la excarcelación de presos en estado de vejez, y personas no violentas. Además propone un incremento de las condenas en instituciones de rehabilitación en lugar de la prisión.

La población de reos en los Estados Unidos ha crecido en un margen de 800% desde el 1980. De los 2.3 millones de reos, más de la mitad están encarcelados por delitos relacionados con el narcotráfico, según el censo del 2010. Por razón de ello, el coste del sistema carcelario asciendió en 2010 a los 80,000 millones de dólares.

"Miles de ciudadanos están atrapados en este círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que a exacerbado el problema en lugar de solucionarlo", expresó Holder.

El plan de Holder también propone que los jueces tengan mayor flexibilidad a la hora de imponer penas de reclusión. No obstante, para implantar esa medida, necesita el aval del Congreso.

A lo largo de las próximas semanas, el Fiscal general y su equipo difundirán sus nuevas propuestas en diversas actividades a lo largo de todo el país.