Por Daniel Rivera Vargas

El intento de que se hagan públicos documentos actualmente sellados con información sobre la identidad de los jurados en el caso del exrepresentante y exalcalde Ángel Pérez es parte de una estrategia de defensa que explora diversos ángulos para aspirar a la absolución del funcionario convicto, según el licenciado Jesús Rivera Delgado, litigante en el foro federal y presidente de la Junta de Directores de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

«El planteamiento que ellos hacen es que para preparar su escrito apelativo necesitan unos documentos que no aparecen en el récord público», agregó Rivera Delgado.

Defensa de Ángel Pérez podría tener varias vías para apelar

El abogado indicó que, aunque aún no se ha radicado el escrito apelativo, ya ha trascendido que la defensa de Pérez Otero incluye más de una decena de documentos, actualmente sellados por decisión de la jueza federal Aida Delgado, quien atendió el caso, según expresó el licenciado en entrevista con Microjuris.

Aunque «en mi experiencia no es muy común» solicitar la revelación de documentos sellados relacionados con los jurados, Rivera explicó que, al examinar el Aviso de Apelación (Notice of Appeal), un requisito para apelar en el Tribunal de Apelaciones de Boston, surgen cuestionamientos relacionados con los jurados.

Además, el licenciado Rivera Delgado señaló que tradicionalmente los jurados se seleccionan en procesos públicos y, por lo tanto, su identidad es conocida.

Precisó que el Notice of Appeal en este caso alega que al exalcalde Pérez Otero se le violó el derecho a un juicio justo, que el veredicto es incorrecto, que se debió conceder una absolución perentoria al amparo de la Regla 29 debido a la ausencia de elementos constitutivos del delito y que hubo un error en la sentencia.

Dijo que la defensa alega que el jurado fue influenciado por una publicidad excesiva y que no se dio el quid pro quo, es decir, el delito en el que una persona realiza una acción en intercambio por un acto ilegal, como un donativo ilícito.

Sobre la publicidad excesiva, el licenciado sostuvo: «en Puerto Rico, un lugar bastante pequeño en comparación, por ejemplo, esto no es Nueva York que tiene cuatro cortes federales de distrito, puede haber un problema a la hora de encontrar jurados imparciales que no hayan sido contaminados con publicidad sensacionalista».

Sin embargo, ante preguntas sobre la baja aceptación en los tribunales de argumentos previos respecto al impacto de la llamada publicidad excesiva en Puerto Rico, el licenciado admitió que "muchas veces los abogados no logran prevalecer con ese alegato". Recordó que es un tema que ha surgido en numerosos casos de alto perfil, no solo en casos de corrupción, sino también en crímenes violentos, como el juicio a la actriz Lydia Echevarría por el asesinato de su esposo, el animador Luis Vigoreaux.

Sin embargo, la situación es distinta en los casos de quid pro quo, ya que existen precedentes en los que se han revocado condenas federales con ese argumento. Tal fue el caso de Héctor Martínez, un exsenador convicto a nivel de distrito por supuestamente aceptar dinero de políticos de manera ilícita; sin embargo, en el nivel apelativo se resolvió que no se probó que el legislador hubiera actuado en beneficio del donante tras recibir dicho dinero.

Rivera entiende que en el caso del alcalde Pérez Otero, como ocurrió en el caso de Héctor Martínez, tampoco se pudo probar que él hiciera algo a favor del donante que le entregó el dinero.

Sí dijo que las imágenes que las autoridades federales hicieron disponibles a la prensa sobre el alcalde recibiendo el dinero en una especie de medias sí pudieron afectar a los jurados.