La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores celebró una vista pública para continuar atendiendo el Proyecto de la Cámara 911 (PC 911), que propone establecer una nueva Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar.

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De ser aprobado, el proyecto derogaría la actual Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

El PC 911 busca garantizar el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la Ley de Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services Act. (FFPSA, por sus siglas en inglés).

"El no atender el cumplimiento de Puerto Rico con el FFPSA, representa un peligro real y presente en perder acceso a millones de dólares en fondos federales que son esenciales para la implementación de programas de preservación y prevención que busca esta Ley, y para la operación de los programas de cuidado sustituto del Departamento de la Familia y su Administración de Familias y Niños (ADFAN), entre otros", explica la exposición de motivos de la medida.

La legislación en consideración también asigna responsabilidades en la atención de casos de maltrato de menores a los Departamentos de Familia, Educación, Justicia, Salud, Vivienda, Policía, Corrección y Rehabilitación y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

La medida recibió recomendaciones de la trabajadora social, Yeida E. Cruz Flores y la directora ejecutiva de la organización Puerto Rico ECCE, LLC, Dora M. Hernández Mayoral.

Las profesionales del trabajo social y asuntos de la niñez resaltaron en sus ponencias que la atención al maltrato infantil deberá ser impulsada desde una estrategia interagencial. "No podemos pensar que este asunto social deberá ser atendido únicamente por el Departamento de la Familia. Esto es trabajo de todo el país", mencionó Hernández Mayoral.

Por su parte, Cruz Flores inició su participación expresando que el Proyecto presenta alternativas viables para trabajar con las familias puertorriqueñas. Sin embargo, estableció "que las opciones ante el manejo de casos de violencia infantil debe ser un elemento para evaluarse ante la falta de profesionales del trabajo social que ofrecen servicios en el Departamento de la Familia".

Por otro lado, Hernández Mayoral resaltó la necesidad de enmendar la medida con el fin de garantizar expresamente el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y ofrecer opiniones en todas las etapas del proceso de un caso de maltrato.

"El derecho a ser escuchado no debe ser limitado a la edad cronológica ni a la capacidad del menor. El estado debe tener los mecanismos para poder escuchar e interpretar lo que el niño quiere y necesita comunicar", mencionó Hernández Mayoral.

Según Hernández Mayoral, las y los jueces deben poder escuchar al menor en todas las etapas. "Esto no quiere decir que propongamos revictimizar al menor, pues escucharlo no se limita a los hechos que dieron base al caso, puede y debe significar que el o la juez va a escuchar de la boca del niño, su sentir sobre su presente y su futuro".

La organización Puerto Rico ECCE, LLC recomendó en vista pública que se edite el artículo 21 de la medida, para que los y las menores al llegar a su mayoría de edad tengan acceso a sus expedientes.

"Esta recomendación responde a la petición de tres mujeres adultas quienes fueron removidas de sus hogares por haber sido víctimas de maltrato. Ellas me expresaron que el tener acceso al expediente de su caso, al ser ya adultas, [les] permitiría conocer su historia y les podría ayudar a sanar heridas emocionales", explicó su directora ejecutiva.

La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores es presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz. El proyecto de ley fue presentado por los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).