Por Daniel Rivera Vargas

Ante el Mes de la Historia Afrodescendiente, Microjuris conversó con defensores de los derechos civiles para que evaluaran el estado de derecho vigente en Puerto Rico para combatir el racismo y reflexionan sobre los pasos que se deben dar para atender esta problemática.

Recientemente en Puerto Rico se han visibilizado mediáticamente procesos judiciales por eventos racistas. Ante esto, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Eder Padilla, dijo a Microjuris que su entidad también investiga el discrimen racial y lleva estadísticas al respecto. Según Padilla, hay pocos casos reportados. Por ejemplo, en el 2022 solo hubo cuatro querellas.

Pero, aclaró, esto no es motivo de celebración.

«Esto se debe a que se ha normalizado el discrimen. Se ha normalizado que no nos querellemos por discrimen por raza. Muchas personas piensan que no hay discrimen porque aquí no hay una diferencia marcada como la hay en Estados Unidos», dijo Padilla.

En Puerto Rico, existen diferentes manifestaciones de racismo. Entre ellas, refranes como «eso es un negro fino» o expresiones como «yo soy café con leche, oscurito o tostadito».

Legalmente, el discrimen está claramente prohibido en el estado de derecho puertorriqueño, dijo.

«La prohibición a la discriminación racial está consagrado en la Constitución de Puerto Rico y esto impone una obligación al gobierno de erradicar el racismo en la esfera pública y privada. La no discriminación en la igualdad de las leyes es indispensable dentro del respeto de la dignidad humana», dijo Padilla, para luego agregar «esa discriminación sigue limitando el ejercicio de los derechos».

El gobierno ha estado dando pasos afirmativos importantes recientemente, como la aprobación de la Ley Núm. 24-2021 que crea la  «Semana y el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia«. Esta legislación, para Padilla, representa un esfuerzo que trasciende la asociación del racismo con la esclavitud y nos mueve a la afirmación de la negritud. Esa ley, sin embargo, impone unas obligaciones a diversas agencias como campañas educativas que entiende no se han realizado.

Las campañas educativas que propone la Ley Núm. 24-2021 no deben limitarse a las escuelas, sino que debe incluir a funcionarios gubernamentales que tendrán la obligación de manejar denuncias de racismo, dijo el licenciado Padilla.

«A nivel de los sistemas de gobierno, es necesario sensibilizar a los funcionarios. Es a través de la educación y la sensibilización que procesan estos casos para que atiendan de forma inmediata cualquier reclamo. No se atiende con premura y faltan procesos claros y contundentes para asegurar la reivindicación de los derechos».

La necesidad de educar al personal del Poder Judicial sobre el racismo ha sido reconocido por figuras como la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, e incluso por la American Bar Association (ABA) a través del Estándar de Acreditación 303 para que las escuelas de derecho tengan que ofrecer educación sobre los prejuicios, la competencia intercultural y el racismo.

Por su parte, la jueza presidenta participó en el 2022 del panel «Raza, Justicia y Poder», que se llevó a cabo como parte de las actividades de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, celebrado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

«Al igual que creo que la lucha por la equidad de género tiene que incorporar hombres y que la lucha de la comunidad LGBTQ+ tiene que incluir a personas que no son de la comunidad, la agenda y la lucha antirracista tiene que llevar de aliados y aliadas a las personas que nos hemos beneficiado de este sistema», sostuvo Oronoz en el panel, según un comunicado de prensa de la época.

Oronoz dijo que en el proceso de romper con los estereotipos racistas, el primer paso debe incluir educar a los miembros de la judicatura y al personal de apoyo sobre los prejuicios y la manera de contrarrestarlos. Se trata de un esfuerzo de discusión y educación constante para evitar que el sistema judicial repita las conductas racistas que se manifiestan en la sociedad, indicó.

Además, la jueza presidenta Oronoz Rodríguez reconoció que es necesario recopilar estadísticas en Puerto Rico para atender el problema en sus diversas manifestaciones. «Creo que lo primordial es hacer un estudio sobre el impacto de la raza en el sistema jurídico del país», sostuvo.

Medidas radicadas

La Ley Núm. 24-2021 surge de un proyecto de ley de la senadora Ana Irma Rivera Lassén que creó el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la Afirmación de la Afrodescendencia. «La ley lo que quiere es darle un vuelto a cómo se trabaja el tema de la afrodescendencia para que no solo se hable de la abolición de la esclavitud, sino que se hable de forma positiva de la afrodescendencia y combatir el racismo», dijo la senadora electa por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La ley establece obligaciones variadas, desde la recopilación de estadísticas de manifestaciones del racismo, reconocer la labor de personas destacadas de Puerto Rico y el mundo que promuevan la defensa de derechos civiles y ordena que el Departamento Educación, el Departamento de la Familia, la Procuraduría de las Mujeres, el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda, Departamento de Justicia y Departamento del Trabajo y Recursos Humanos —en coordinación con el Departamento de Estado y la Corporación para la Difusión Pública (WIPR)— diseñen y ejecuten una campaña de educación para promover la concienciación antirracista y la afirmación de la afrodescendencia en Puerto Rico.

La senadora está en estos días en el proceso de contactar a las diferentes agencias concernidas para cotejar el cumplimiento que le han dado a la nueva ley y se propone anunciar los hallazgos sobre el nivel de cumplimiento en el futuro cercano.

«Te puedo decir que, por ejemplo, yo me he reunido en más de una ocasión, y acabo de firmar una carta al secretario de Educación precisamente dándole énfasis a que uno de los elementos principales es el cumplimiento educativo. Una de las maneras que nuestro pueblo puede cobrar conciencia es el componente  educativo. Se supone que se cree un currículum que destaque la afrodescendencia de nuestra historia», sostuvo Rivera Lassén.

Más que enmiendas al ordenamiento legal, la senadora recordó que desde la Constitución de Puerto Rico se prohíbe el discrimen por raza, pero requiere una evolución social.

«Creo que el problema mayor es el reconocimiento del racismo... La gente en Puerto Rico tiende a negar que exista el racismo", dijo la también expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. «Por eso es tan importante el componente educativo y el compromiso institucional. Tú puedes tener muchas leyes, pero si no tienes el reconocimiento de que la conducta sucede, la puesta en marcha es difícil», sostuvo.

La senadora no cree que la opción sea crear un delito contra el racismo porque entiende que el ordenamiento debe moverse hacia una justicia restaurativa «donde para evitar causar daños, debemos asumir responsabilidades como sociedad y pienso que el tema de racismo es uno de los temas importantes que debemos impulsar en la sociedad».

El abogado con práctica federal y catedrático auxiliar en la Universidad Widener en Delaware,  Diego Alcalá, entiende que el estado de derecho de Puerto Rico «no es suficiente» para combatir el racismo «porque no está funcionando».

Aclarando que no es un experto en temas de raza, Alcalá dijo que entiende que en Puerto Rico hay un problema de reconocimiento del problema de racismo.

«Por mucho tiempo, por distintas razones, se ha fomentado esta mitología de la trilogía, que somos parte de una cultura perfecta por españoles, africanos e indígenas, creando así y fomentando el puertorriqueñismo, la nacionalidad, la etnia, a costa del reconocimiento de las distinciones raciales existentes. Eso, entonces, permea en distintas estructuras, no solo en la educación, sino en distintas facetas. Esto es parte de un  plan de (Luis) Muñoz Marín, que fomentó esto para traer inversionistas de Estados Unidos y distinguir a Puerto Rico de los problemas raciales que había en Estados Unidos», sostuvo.

Alcalá entiende que para atender las limitaciones de la ley en torno al racismo es necesario reconocer que hay un vacío enorme de educación sobre el problema, en que hay áreas donde se debe avanzar como en asuntos laborales; que hace falta que el Estado adopte una política pública que reconozca el racismo, y por qué los sectores afrodescendientes viven en una pobreza y limitaciones que otros sectores no viven; que se deberían tener disponibles mecanismos como la mediación para atender conflictos raciales; y que no se debe caer en criminalización de conductas, sino que se pueden adoptar modelos de otros países, como por ejemplo, los esfuerzos educativos en Alemania para atacar el problema del nazismo.

La opción, enfatizó, no debe ser la criminalización.  «Como profesional del derecho penal y abolicionista, no puedo favorecer una ley que intente criminalizar el racismo. Lo que sí creo que es necesario es tener una seria conversación de cómo el racismo se disfraza actualmente», dijo Alcalá.

Otras miradas

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU, en inglés), William Ramírez, recordó que en Canóvanas una mujer mantuvo por años un patrón de acciones con connotaciones racistas e intimidantes contra sus vecinos. Asimismo, colocó una cartulina con el mensaje «fo, los negros apestan» en dirección a la casa de sus vecinos, un matrimonio con un hombre negro.

«Aquí no hay herramientas para tratar los asuntos racistas. Entonces, lo tratan como una disputa vecinal, pero en estas cuestiones de disputas vecinales se debe ver a qué acuerdo se llega y el racismo no se negocia. El racismo no se puede negociar. ¿Cuál puede ser el acuerdo cuando son actos de terrorismo para sacar a una familia negra?», dijo Ramírez a Microjuris.

Según el abogado, varias situaciones relacionadas a este caso implican intimidación, acecho y amenaza de muerte por racismo. «Esto es un delito de odio», sostuvo.

El Código Penal de Puerto Rico no castiga directamente el racismo, dijo Ramírez, pero sí considera las motivaciones racistas como un agravante a la pena bajo el artículo 66 del Código Penal. Bajo ese artículo, en combinación con el 67 de la misma ley, se puede aumentar en un 25% la condena si «el delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza».

¿Debería existir un delito estatal de racismo?, se le preguntó. «En mi opinión, sí. En Puerto Rico, todo el tiempo se niega que haya racismo. En Puerto Rico, solo se atiende como un asunto vecinal. Viene el tribunal y emite una orden. Si la emiten, pero nunca se atiende la raíz del problema, que es el racismo», sostuvo.

Agregó que hay varios estados en Estados Unidos que tipifican el racismo como delito.

Racismo como delito

En Puerto Rico, se puede procesar personas por racismo en la jurisdicción federal. Un ejemplo es el 42 USC 3631, o la sección penal de la ley federal de derechos civiles, precisó Ramírez.

Agregó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) lo consultó el año pasado sobre la creación de una división relacionada a crímenes de odio en Puerto Rico. Añadió que en el caso de Canóvanas, los federales entienden que no tienen jurisdicción porque «no ha habido amenaza de muerte», pero Ramírez entiende que sí ha ocurrido un incidente de esta naturaleza.

Ramírez sostuvo que pueden haber otros casos de delitos directamente relacionados a racismo, pero que al momento se desconocen.

«Esta insistencia en ignorar que en Puerto Rico puede haber racismo… No tengo dudas de que puede haber otros. Sabemos de esto porque se trata de un caso de racismo contra una familia negra puertorriqueña, pero… ¿No crees que hayan familias dominicanas que enfrentan algo similar? Y tú no lo escuchas porque ellos no van a las autoridades por su estatus migratorio», dijo Ramírez.

Dijo que otra razón para pensar en nuevas herramientas contra el racismo responde a que a Puerto Rico se están mudando personas de otras jurisdicciones y pudiera ser que, «como parte de su idiosincrasia», personas locales puedan enfrentar expresiones o incidentes racistas por parte de algunos nuevos residentes.

«Esto no es solo en Puerto Rico. Hay racismo en todas partes del mundo. Existe racismo en tribus de África. Existe racismo en Haití, entre sectores haitianos... El racismo no es algo con lo que tú naces. Es algo que tú aprendes. ¿Cómo tú vas a eliminar el racismo? Tienes que reconocer que existe y luego trabajar para reeducarte», sostuvo.