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Por Daniel Rivera Vargas

Una sentencia reciente no solo fue un revés judicial para decenas de condominios cuyos residentes fueron damnificados por el huracán María sino que recuerda que, a seis años del fenómeno atmosférico, hay miles de personas aún afectadas y millones de dólares que aún no han sido pagados.

En septiembre pasado, 31 juntas de condominios presentaron una Solicitud de Confirmación Sumaria de Laudos de Arbitraje contra la aseguradora Triple S Propiedad (TSP). Según el recurso, la aseguradora debe pagar $80,218,068.94, esto luego de años de espera

«No es una exageración decir que la trayectoria de estos casos contra TSP ha sido larga y tortuosa, además de muy costosa y agobiante para miles de titulares, particularmente por las posturas litigiosas de TSP», reza la demanda.

Por su parte, además de fundamentar que la postura de los consejos de titulares era contrario a derecho conforme al caso de 2022, TSP expuso que no se debían avalar los laudos cuando aún hay pendientes 31 acciones judiciales en contra de los mismos.

«Confirmar los laudos antes de que se decidan dichas demandas, por lo tanto, sería no solo prematuro, sino también inconsistente con el estado de los derechos e intereses al momento litigados entre las partes», expresó la aseguradora.

«Con sumo respeto, los Consejos ruegan que este Honorable Tribunal resuelva esta Solicitud con carácter de urgencia, pues ya han pasado 6 años desde la destrucción que dejó el huracán María y los miles de residentes que componen los Consejos necesitan el dinero concedido en los Arbitrajes para reconstruir y reparar sus viviendas», sostuvo.

Sin embargo, el pasado 27 de noviembre el juez Raúl Candelario emitió una sentencia desestimando la solicitud de las juntas de condóminos, aclarando que el tribunal carecía de jurisdicción para intervenir, y reconociendo que hay en la actualidad «ante distintas Salas hermanas, en distintas Regiones Judiciales, múltiples casos en donde dicha parte (TSP) solicita la anulación o revisión de los mismos laudos».

En parte, la justificación del magistrado para no actuar en este momento, amparándose en la reciente decisión del Tribunal Supremo de UGT v. Centro Médico del Turabo, 208 DPR 944, 947 (2022), es que las juntas estaban impedidas de llevar su reclamación de forma grupal, y por lo tanto deben pagarle al Poder Judicial los correspondientes aranceles por cada reclamación por separado. Cada demanda son $90, por lo que se trata de $2,790.

Los condominios afectados por esta decisión son Consejos de Titulares de los condominios Park West, Mansiones de Garden Hills, Ashford 1360, Balcones de Santa María, Balmoral, Borinquen Towers II, Bosque Real, Casa del Valle, Altos del Escorial, Ávila, Condado Les Cours, Hato Rey, Cuevillas Court, El Legado, Estancias de Chalets, Executive Tower, Galería Fase I, Granada, Grand Bay Beach, Hacienda Las Ceibas, La Arboleda, Le Rivage, Parque de la Vista I, Piazza Luchetti, The Crowne Plaza, Mar de Isla Verde, Cima de Villa, Torre del Mar, Luquillo Manors, Parque de Terralinda y Aquátika.

La abogada Marimar Pérez Riera, Presidenta y fundadora de la Asociación de Titulares de Condominios, entiende que la decisión fue «acertada» porque se basa en un precedente reciente.

«Señala varias razones, y una que la recalcan como mil veces que cada una debe pagar sus respectivos aranceles. O sea, no pueden ir las 31 con el solo pago de $90 en aranceles, cada uno debe pagar esos $90. Pero, además, deben ser acciones diferentes porque cada junta tiene sus propios hechos formulados. Están uniéndose por meramente que hay un laudo hecho, (pero) cada uno de esos consejos tuvo sus propias dinámicas, sus procesos distintos», sostuvo Pérez Riera.

Afirmó que las experiencias de cada junta de condominios puede ser muy diferente, y que ella conoce de casos donde esos grupos han cometido injusticias con algunos titulares de sus comunidades.

Igualmente sucede con las reclamaciones a las aseguradoras, que aunque algunas han manejado correctamente las reclamaciones, y en otras ocasiones las juntas realizan sus procesos internos de forma adecuada, en otras instancias el manejo de los casos de María «ha sido fatal, con pocas excepciones».

En la actualidad, relacionados al huracán de 2017, a semanas del 2024 quedan numerosas reclamaciones judiciales aún pendientes, sostuvo Pérez-Riera. «Sabemos que hay sobre 70 casos, aquí nada más tenemos 31».

«Aquí hubo varios problemas. Las aseguradoras no estaban bien preparadas para el proceso de reclamación o estaban bien preparadas y no querían pagar», sostuvo la abogada.

Pérez-Riera comentó que la legislatura ha tomado varios pasos para tratar de paliar los problemas de los damnificados de María ante las aseguradoras, incluyendo una enmienda reciente que permite reconocer negligencia por parte de las aseguradoras por tardar demasiado en una reclamación, una disposición que permite una mejor rendición de cuentas (accountability), pero que señaló no ha visto que se le haya dado mucho uso.

Otro factor que atentó contra una eficiente solución de estas reclamaciones por huracán es que hubo consejos de titulares que vendieron su reclamación a terceros, lo que se hizo para no seguir retrasando el recibir algo del dinero que necesitaban para sus reparaciones, pero dejando sin pagar adecuadamente muchos daños.

Opinión que tampoco ayuda que muchas de las pólizas de seguros de condominios son «full value», lo que engloba las reclamaciones. Son mejores las «Bare wall», donde se facilita que los titulares hagan reclamaciones por pérdidas individuales.