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La Resolución Conjunta 17-2025, firmada por la Gobernadora Jenniffer González, ordena al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad y beneficios del uso de inteligencia artificial (IA) como herramienta de apoyo a los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión y control de gastos en el sector público. La medida reconoce el potencial transformador de la IA en la gestión pública, particularmente como mecanismo para enfrentar el problema persistente de la corrupción gubernamental en Puerto Rico.La medida legislativa es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez.

La exposición de motivos destaca la transformación digital de las últimas décadas y la integración creciente de tecnologías como IA, big data, biometría y blockchain en diversas áreas, incluyendo la prevención del fraude y la supervisión gubernamental. Se señala que estas tecnologías pueden optimizar tareas tradicionalmente complejas, como auditorías, análisis financiero y detección de irregularidades, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Descarga la Resolución Conjunta 17-2025

La medida parte del reconocimiento de que, a pesar de los esfuerzos de entidades como el Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental, persisten patrones de corrupción y manejo inadecuado de fondos públicos. En este contexto, la IA es vista como una herramienta innovadora que puede apoyar significativamente en la detección proactiva de irregularidades, la clasificación de riesgos y la asignación eficiente de recursos para la fiscalización.

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La medida ordena a PRITS desarrollar un estudio técnico y detallado sobre la posibilidad de implementar sistemas de inteligencia artificial en procesos clave de fiscalización pública. Para ello, se especifican nueve áreas de análisis que deben ser incluidas como parte del estudio, sin limitar otras posibles recomendaciones:

• Detección de patrones sospechosos: Algoritmos que analicen en tiempo real grandes volúmenes de datos públicos para detectar irregularidades en transacciones, contratos o decisiones administrativas.
• Modelos predictivos de riesgo: IA que identifique áreas de alto riesgo de corrupción con base en datos históricos y actuales, facilitando la priorización de auditorías.
• Mecanismos de denuncia anónima: Desarrollo de programas interactivos tipo chatbot para canalizar denuncias sin comprometer la confidencialidad.
• Análisis forense automatizado: Herramientas que procesen datos masivos de auditorías o investigaciones de fraude para identificar irregularidades en contratos, compras o concesiones gubernamentales.
• Automatización de auditorías: Apoyo a agencias fiscalizadoras mediante IA para revisar contratos, registros y transacciones, reduciendo errores humanos y agilizando procesos.
• Monitoreo en tiempo real del gasto público: Sistemas que alerten automáticamente sobre transacciones inusuales o sospechosas.
• Análisis de redes y conflictos de interés: Herramientas que identifiquen relaciones entre personas, entidades y contratistas para detectar posibles conflictos.
• Acceso público automatizado a datos: Plataformas que usen IA para facilitar el acceso del público a información sobre uso de fondos y ejecución de contratos.
• Cumplimiento normativo automatizado: Sistemas que verifiquen el cumplimiento de leyes en procesos de compras y contrataciones.

Se concede a PRITS un plazo de 180 días a partir del 1 de julio de 2025 para completar el estudio, el cual deberá ser remitido a la Gobernadora, la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial, el Contralor, el Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental para su evaluación y acciones posteriores.