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Por Daniel Rivera Vargas

Dos estudiosas del tema del derecho y las redes sociales evaluaron el alcance de las dos vistas sobre el asunto celebradas la semana pasada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Por un lado, en el caso González v. Google se critica la inmunidad que gozan las grandes empresas de tecnología y redes sociales en virtud de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA), y tuvo vista el pasado martes, 21 de febrero; en el otro, Twitter v. Taameh se mide la responsabilidad de las plataformas en los contenidos de las redes que promueven el terrorismo y tuvo vista el miércoles, 22 de febrero. Ambos a base de la ley antiterrorismo y su cláusula de «aiding and abetting «.

La Ley de Decencia en las Comunicaciones, también conocida como la Ley de Decencia en las Comunicaciones por Computadora o la Sección 230, es una ley federal de los Estados Unidos que se promulgó en 1996 como parte de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones. La ley protege a los proveedores de servicios en línea de responsabilidad legal por las acciones que tomen para moderar el contenido en sus plataformas.

Para la abogada Vanessa Caraballido Clerch la Sección 230 es uno de los temas principales en el curso que imparte como profesora de ética y derecho en medios digitales en la Universidad del Sagrado Corazón (USC).

«Los dos tocan problemas bien importantes a la Sección 230 y potencialmente pueden cambiar o delimitar la manera en que estas compañías tienen sus protecciones», dijo Caraballido.

Para la abogada ambos surgen de situaciones lamentables. Pues, de acuerdo a lo que explicó, González es una joven que fue asesinada en París por un atentado terrorista y en el de Twitter se plantea que la plataforma fue usada como centro de reclutamiento y comunicación del Estado Islámico.

Pero, a pesar de la importancia del tema, Caraballido entiende que la eventual decisión del Supremo federal en estos dos casos, que deben emitirse antes del próximo 30 de junio, no implica cambiar o derogar la Sección 230. Entiende la exprofesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que los casos son muy amplios. Por ejemplo, en el caso de González se enfoca mucho en el tema de los algoritmos y las preguntas de los jueces revelan que es un área que no conocen.

«El juez Thomas que ha sido muy críticos en momentos anteriores de la Sección 230 se expresó renuente por el tipo de preguntas que le hacían a la  abogada. No creo que este sea el caso idóneo para entrar en los contornos y límites de esta sección», sostuvo Caraballido. «Parecía que los jueces no estaban dispuestos a abrir la puerta».

Aclaró que eso no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano, esto con un caso futuro donde la controversia está más delimitada, porque los casos actuales son «demasiado expansivos». Y es que, la realidad es que existen las condiciones a nivel federal para algún cambio en esa sección.

«Entiendo que en la campaña fue un compromiso del presidente Joe Biden, que dijo que quería enmendar la 230, aunque eso no ha pasado, pero la realidad es que hay un ambiente en Washington. El juez Thomas ha dicho que «something should be done», así que hay un ambiente que no había antes, donde se veía el Internet como un mundo intocable de las protecciones de estas empresas que son «host» de contenido».

«Esa visión está comenzando a cambiar tras el escándalo de Facebook, el de Alexa con Amazon en términos de privacidad, estas cosas que han mostrado el otro lado de la tecnología, que puede ser maravillosa, pero sin control puede tener un impacto adverso en la vida de los ciudadanos», dijo Caraballido.

De otra parte,  la abogada y estudiosa en redes sociales Julizzette Colón Bilbraut, entrevistada por separado, dijo que la impresión que tiene de las vistas es que el Supremo federal dejará que sea el Congreso el que decida qué enmiendas, si alguna, hará en esta sección. Dijo que probablemente el alto foro ha entendido que están ante una especie de juego de ‘jenga’, donde si se mueve la pieza equivocada todo se derrumba.

Las decisiones, aunque tengan que ver con Internet, serán separadas, agregó la jurista. «Yo no preveo que fusionen ambos casos porque son controversias diferentes», dijo Colón Bilbraut.

Colón Bilbraut recordó que en González se plantea directamente que YouTube con sus algoritmos deja de ser un mero repetidor de información para promover mediante sus algoritmos estos contenidos terroristas, y lo que se pide es que se le quite la inmunidad de la Sección 230.

«Corre el velo a estas compañías porque esto no es lo que quería el Congreso. Están promoviendo contenido, que tiene un efecto nocivo», sostuvo.

En el caso de Twitter es bajo el estatuto de la Ley Antiterrorista, y se cuestiona que la red social no hizo suficiente para monitorear y moderar todo este contenido de Estado Islámico, y por tanto son responsables por ‘aiding and abetting’ terrorismo. Y quieren que se le aplique el estatuto.

Los jueces, según las expresiones en las vistas, están claros de que no son expertos en el tema, por ejemplo no se profundizó en el tema de cómo se pueden modificar los algoritmos, y lucen que no están en posición de tomar una decisión por lo que parece que dejarían la decisión al Congreso, según Colón Bilbraut.

«Ninguno de los jueces se vieron inclinados a ninguna de las partes, estuvieron claros de no tener la pericia o tener la certeza de que tenían que hacer algún cambio al estatuto", mencionó.