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El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) considerará de forma conjunta la reglamentación de las cuentas IOLTA y el proyecto de Código de Conducta Profesional.
Básicamente, el Supremo redefinió la encomienda al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial para que presenten una propuesta que promueva la apertura y el mantenimiento voluntario de las cuentas IOLTA, como parte del ordenamiento ético.
Ahora, la redefinición de las cuentas IOLTA formará parte de la revisión del proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico que está en proceso de desarrollo.
«Este Tribunal considerará de forma conjunta la propuesta integrada del Secretariado para regular las cuentas IOLTA y el cuerpo normativo ético revisado», sostuvo el Supremo en una resolución.
La política pública respecto a las cuentas IOLTA se estableció en la Ley del Fondo para el Acceso a la Justicia, según enmendada.
En la ley se dispone que las abogadas, los abogados y las oficinas legales en Puerto Rico deberán mantener cuentas IOLTA de los depósitos cualificados, con el objetivo de proveer recursos «a organizaciones sin fines de lucro que provean representación legal gratuita en casos de naturaleza civil, de familia y administrativo a personas de escasos recursos económicos a tenor de los estándares federales de pobreza».
Los recursos irán también a organizaciones sin fines de lucro que brinden asesoría y asistencia legal para la prevención de ejecuciones de hipotecas residenciales a personas de escasos recursos.
Tras una encomienda al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, se preparó una propuesta de reglamentación que establece parámetros aplicables para el manejo de fondos de clientes sobre los cuales no exista expectativa de generar ingresos.
Entonces, en una reciente resolución amparada en su poder para reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, el Tribunal Supremo dio por concluida la encomienda de preparar un proyecto de reglamentación independiente para regular el manejo de las cuentas IOLTA en Puerto Rico, descartando esa alternativa.
En su lugar, encomendó al mismo Secretariado presentar conjuntamente con el proyecto del Código de Conducta Profesional una propuesta que promueva la apertura y el mantenimiento voluntario de las cuentas IOLTA por la comunidad jurídica en Puerto Rico como parte del ordenamiento ético.
En su determinación, el Supremo reconoce el compromiso del Poder Judicial con el acceso a la justicia, y en reconocimiento de que la política pública declarada en la Ley del Fondo para el Acceso a la Justicia, según enmendada, es cónsona con ese fin.
Visita el proyecto de Código aquí.