Por Daniel Rivera Vargas

Mientras transcurre el plazo para que la gobernadora Jenniffer González vete o convierta en ley una propuesta de reforma judicial, las exjuezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, se han sumado a las expresiones de profesores de las tres escuelas de Derecho de Puerto Rico que solicitan a la mandataria que rechace la medida.

Con la firma de Fiol Matta, ya son 116 los juristas que han suscrito una carta en contra del proyecto, informó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Julio Fontanet Maldonado. Según estimó, la cifra puede representar el 97% de los profesores de Derecho a jornada completa en Puerto Rico. La misiva original, del pasado jueves, tenía 101 firmas de catedráticos.

Fiol Matta firmó la carta, mientras que Rodríguez Rodríguez escribió una columna en un medio de circulación general en contra de la propuesta, explicó Fontanet Maldonado.

"El problema fundamental que tiene este proyecto de ley, que tuvo su origen en el Senado, es que es inconstitucional. La Constitución lo dice en blanco y negro: le compete al juez presidente la administración del Poder Judicial y nombrar al director administrativo de los tribunales. Le compete, por otro lado, a los jueces asociados trabajar los casos, y al pleno, reglamentar los asuntos del Poder Judicial. Este proyecto pretende quitarle ese poder que la Constitución otorga al juez presidente y diluirlo en todos los jueces asociados", dijo Fontanet Maldonado.

El también expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sostuvo que el esquema incluido en el proyecto de ley se debatió ampliamente cuando se aprobó la Constitución, pero finalmente no fue favorecido porque se entendió que el modelo actualmente vigente promovía mayor agilidad.

Fontanet Maldonado reconoció que se ha planteado que el modelo propuesto en el proyecto senatorial, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es más democrático porque pone las decisiones en el grupo de jueces y no en la figura de la presidenta. Sin embargo, respondió que, si lo que se desea es una enmienda a la Constitución, la propuesta debe llevarse al pueblo, lo que, a su juicio, sería lo verdaderamente democrático.

El proyecto senatorial, aprobado con enmiendas de la Cámara de Representantes, salió de la Asamblea Legislativa el pasado 23 de octubre. El artículo III, sección 19, de la Constitución de Puerto Rico establece el término para que la gobernadora actúe sobre un proyecto una vez lo reciba.

Fontanet Maldonado indicó que solicitó una reunión con la gobernadora para él y los otros decanos de Derecho, y que otras personas también han solicitado reunirse con ella. Expresó que confía en que la mandataria no convierta el proyecto en ley.

"No es una buena práctica aprobar legislación cuando el 97% de los profesores de Derecho de Puerto Rico se oponen a ella", añadió Fontanet Maldonado.

Asimismo, planteó que otra posibilidad es que la medida enfrente obstáculos fiscales y sea detenida por la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Según sostuvo, su implementación implicaría un costo millonario en fondos públicos.