Por Valeria Alicea Guzmán

La cofundadora y directora ejecutiva del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), Mariolga Reyes Cruz, analizó algunos de los hallazgos de una investigación sobre el acceso a tierras para pequeños y medianos agricultores en Puerto Rico. 

La psicóloga explicó que el estudio titulado Acceso a tierras agrícolas: política pública actual y experiencias surge con el fin de continuar profundizando en los problemas estructurales que se convierten en barreras para que pequeños y medianos agricultores puedan desarrollar sus proyectos de forma sostenible. Indicó, también, que esta investigación la desarrollaron con estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) bajo la mentoría de la profesora Érika Fontánez Torres y con el apoyo financiero de Espacios Abiertos. 

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«Nos propusimos hacer un análisis sociojurídico del marco legal en el que se inserta el acceso a tierras públicas y el acceso a financiación para la compra de fincas. El estudio se enfocó en la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, el Farm Service Agency del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, como uno de los departamentos que financia el acceso a tierras, y la cooperativa Puerto Rico Farm Credit», detalló en entrevista con Microjuris.  

Reyes Cruz indicó que muchas personas conocen que el Plan de Uso de Terreno de 2015 identifica unas cuerdas de terreno como tierras agrícolas que deben ser protegidas para ese uso. Sin embargo, resaltó que se desconoce que la mayoría de ese terreno está en manos privadas.  

Por tanto, las personas agricultoras no necesariamente tienen acceso a esas fincas. Según la directora de FiTiCAS, el censo agrícola del 2018 reveló que alrededor del 76% de las fincas solo hacen 10 mil dólares al año. Ante este dato, el estudio trata de descifrar cuáles son las posibilidades dentro del ámbito público para el acceso a las tierras y contrastarlo con las experiencias de las personas agricultoras.

¿Cuáles son los hallazgos más importantes?

Uno de los hallazgos más importantes, que para Reyes Cruz es una buena noticia, es que el marco legal y reglamentario actual puede ponerse al servicio de los pequeños y medianos agricultores incluyendo a los agroecológicos

«Le da suficiente discreción a las agencias para tomar decisiones en favor a una transición justa hacia formas de producir alimento más sostenible económica y ecológicamente hablando. No hay nada que prohíba que la Autoridad de Tierras, por ejemplo, arriende a grupos de agricultores para que puedan distribuir esas tierras entre más de un proyecto», mencionó.

 Asimismo, informó que la mayoría de las tierras que están disponibles dentro de la Autoridad de Tierras tienen más de 50 cuerdas, pero la mayoría de los proyecto agroecológicos apenas cultivan hasta unas 10 cuerdas.

«Si tu te ves forzada a alquilar 50 cuerdas pues tienes que pagar el canon de arrendamiento de esas cuerdas y hacerte responsable de esas estructuras. Pero el reglamento no obliga a hacerlo. Los reglamentos le dan la suficiente discreción a la autoridad para decir: ‘Podemos alquilar menos cuerdas. Podemos segregar o dividir de una forma menos onerosa las fincas'», abundó. 

De esta forma, pudiesen ajustar los tamaños de los proyectos. Reyes Cruz dijo que tampoco existe un impedimento que no les permita revisar los cánones de arrendamiento para ajustarlo a la realidad de los proyectos. 

Por otro lado, la Autoridad de Tierras tiene autoridad para poder invertir en infraestructura permanente básica para sembrar. 

«Estamos hablando de fincas que llevan décadas de desuso que no tienen sistema de riego, que no tienen acceso a energías y les agricultores que están empezando, que no tienen capital y nadie les está financiando. [...] Ese sector se ve obligado a invertir de poco capital que tenga en estructura que se va a quedar en la finca. Nada impide que la autoridad de tierra invierta», afirmó. 

Para Reyes Cruz, la investigación revela que  tal como está el asunto hoy hay suficiente discreción como para apoyar a pequeños y medianos agricultores. 

Entre proponer y educar

Parte de la función y  aspiración de FiTiCAS con divulgar este informe es educar al sector público, las agencias y las personas que se dedican a la agricultura. Reyes Cruz manifestó que desean instruir a las agencias porque por décadas han tenido una práctica en la que no se considera la oportunidad de concientizar sobre este tema. En el caso de  agricultores y  agricultoras, según la directora del fideicomiso, es importante que conozcan que no hay nada que les impida poder acceder a estas tierras y que  es necesario hablar de cómo hacerlo. 

Asimismo, enfatizó que en el informe hacen propuestas de otras acciones que se necesitan para entender la situación y el tema, y para que haya rendición de cuentas y así fortalecer la transparencia de lo que es la gestión y el cuidado de lo que es público. 

«Por ejemplo, que se publiquen informes actualizados sobre tierras en dominio de las agencias incluyendo información detallada de cuerdas arrendadas, qué tipo de arrendamiento, el uso que se le está dando, cuánto se ha invertido en nuevas tierras, mejoras permanentes. Hay una información que es importante que tengamos disponible. Los agricultores nos cuentan que si quieren arrendar una finca pública tienen que ir de oficina en oficina a ver quien le dice información de una finca que esté disponible para lo que desean hacer. En vez de haber un mapeo de esas fincas y bajo qué condiciones están. Se puede facilitar ese proceso para los agricultores», afirmó.  

Por otro lado, Reyes Cruz hizo un llamado para que el país se dirija a un desarrollo agrícola sostenible. 

«Desde los 50, en Puerto Rico se producía el 30 y algo por ciento de lo que consumíamos. Ahora estamos en menos de un 15%. [...] Es una transición en la que hasta las Naciones Unidas y otras organizaciones están diciendo que nos tenemos que mover a la agroecología y agricultura sostenible. Puerto Rico tiene la oportunidad de estar a la vanguardia de este movimiento», apuntó. 

FiTiCAS es el primer fideicomiso de este tipo en Puerto Rico fundado en el 2019. Busca proteger tierras a perpetuidad para pasar su uso a agricultores o agroecológicos que no tienen acceso a tierras y capital y están comprometidos con fortalecer la seguridad alimentaria del país.