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El representante José Rivera Madera radicó el Proyecto de la Cámara 1200 que busca fijar el sueldo y compensaciones de las personas que dirigen o son miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
De ser aprobado, la totalidad de la de la compensación salarial anual mediante sueldo, dietas, bonos, prestaciones, combinación de estas o cualquier otro método salarial, destinada a algún miembro, persona funcionaria o directiva de la JSF no podrá exceder los $100 mil dólares anuales con fondos públicos del gobierno de Puerto Rico.
Según la exposición de motivos, en el caso Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC el Tribunal Supremo de los Estado Unidos emitió su opinión unánime (9-0), en la que declaró a la JSF como una entidad estatal del gobierno de Puerto Rico. La medida sostiene que en esta decisión el Tribunal Supremo Federal dejó claro que los miembros de la JSF no son oficiales federales.
La ley establece los parámetros retributivos de las personas funcionarias, ejecutivas y directivas de la JSF, habida cuenta del reconocimiento y declaración de este ente como uno estatal para efectos presupuestarios.