El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidirá esta semana si enjuiciará a la Fiscal General Luisa Ortega, quien a pesar de ser chavista, se ha convertida en una férrea opositora del gobierno del actual presidente, Nicolás Maduro.

Ortega, quien llegó al puesto de fiscal con el endoso de Hugo Chávez en 2007, denunció que Venezuela sufre la ruptura del orden constitucional, que existe una escasez alarmante en el país y que los responsables de la muerte de un manifestante fueron las fuerzas de seguridad.

El diputado Pedro Carreño pidió al Tribunal Supremo de Justicia, que la enjuicie y destituya, alegando que "mintió" al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental. El Tribunal por su parte, congeló las cuentas de la fiscal y le prohibió salir del país en tanto se culmina una investigación.

«Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar», declaró Ortega el pasado 28 de junio de 2017.

Asimismo, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, la fiscal calificó la Constitución actual como «insuperable» y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: «No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley».

Ortega también denunció un alza dramática en la violencia del país, y el hecho de que se ha perdido el derecho a la libre expresión y a manifestarse en protestas, pues estas se reprimen cruelmente y se enjuician a civiles en justicia militar.

«Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender», dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana.

Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna.

«Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución», escribió.