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Por Héctor M. Méndez Vázquez

El Proyecto de la Cámara 587 enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, disponiendo que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), suscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP), sea una de las instituciones facultadas para poder recibir referidos de casos de explotación financiera de personas de edad avanzada.

La emienda de ley dispone que el NIE podrá colaborar activamente con el Departamento de la Familia en toda investigación y procesamiento de los casos de explotación financiera de adultos mayores, incluyendo aquellos en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto, o instituciones dedicadas al cuido de adultos mayores durante las veinticuatro (24) horas del día o parte de éstas.

Descarga el Proyecto de la Cámara 587

La explotación financiera de los adultos mayores está contemplada en el Código Penal a través del Artículo 127-C como delito menos grave cuando el monto implicado no supera los $2,500, y como delito grave si excede dicha cantidad.  Esta conducta es reconocida como una modalidad de abuso y maltrato hacia las personas de edad avanzada, la cual puede ser cometida tanto por familiares, cuidadores o personas de confianza, como por terceros.

El informe legislativo de la medida edstaca que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) a través de una ponencia expresó su respaldo a la medida, destacando que, aunque el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) cuenta con personal capacitado para investigar delitos complejos. También se expuso que la ley habilitadora del DSP no incluye expresamente entre las competencias del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) la investigación de casos de explotación financiera contra adultos mayores. En ese sentido,se  recomendó enmendar la ley para conferirle jurisdicción concurrente al NIE sobre estos casos, particularmente cuando sean reportados por instituciones financieras, cooperativas o aseguradoras.

La agencia también propuso enmendar  la Ley 121-2019, para incluir al NIE entre las entidades responsables de atender y prevenir la explotación financiera de adultos mayores.

Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) endosó el proyecto, resaltando que representa un avance en la prevención, identificación e investigación de este tipo de delitos, y que formalizar la colaboración con el NIE agilizará intervenciones, fortalecerá protocolos interagenciales y evitará dilaciones perjudiciales para las víctimas.

La OPPEA recomendó acompañar la implementación de la ley con adiestramientos continuos al personal investigador, canales seguros de comunicación con los adultos mayores y campañas educativas dirigidas al público para fomentar la denuncia y reducir el estigma que dificulta exponer estos casos.

Por su parte, la Asociación de Bancos de Puerto Rico también endosó la medida, por entender que de este modo se provee certeza legal y se fortalece la cooperación entre el sector financiero y las agencias de seguridad pública.  Dicha entidad destacó que los bancos detectan a diario transacciones irregulares o patrones sospechosos en cuentas de clientes adultos mayores, pero enfrentan limitaciones legales y falta de protocolos claros sobre cómo canalizar la información. Por consiguiente, la inclusión del NIE como receptor autorizado de referidos permitirá establecer líneas de contacto directo con personal especializado, capaz de preservar evidencia, emitir órdenes judiciales y coordinar acciones para detener fraudes de manera oportuna.

La medida de administración fue aprobada en votaciones unánimes en ambos cuerpos legislativos y y pasa ahora a la consideración de la Gobernadora Jenniffer González  Colón.