Tras la radicación en la Cámara de Representantes del Proyecto de la Cámara 917, que busca crear una Oficina de Investigaciones adscrita al Departamento de Salud para fortalecer los esfuerzos de fiscalización que lleva a cabo el gobierno, la Comisión de Salud celebró una vista pública para atender la legislación.

La comisión es presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado.

Con el Proyecto de la Cámara 917, se busca que esta Oficina de Investigaciones funcione como centro especializado encargado de utilizar estrategias para prevenir violaciones administrativas o criminales que involucren a la salud pública.

El director de la Unidad de Investigación de Salud, Jesús Hernández, aseguró durante la vista pública que el proyecto en discusión es amplio y menciona que el Departamento podrá investigar temas sobre salud pública incluyendo a las aseguradoras. «Cuando estamos hablando de salud pública, no es únicamente la persona que está tomando algún medicamento o que tiene alguna práctica ilegal a la medicina. ¿Qué pasa en algún tipo de fraude en términos de salud pública que tenga que ver con las aseguradoras? Ese es el terreno ocupado que nosotros tenemos el compromiso de poder investigar», explicó Hernández, según se desprende del parte de prensa.

La medida persigue fortalecer los esfuerzos de fiscalización llevados a cabo por el gobierno de Puerto Rico sobre el tema de la salud, así como proveer colaboración con las agencias encargadas de la administración de la justicia criminal, tanto en la isla como en los Estados Unidos.

De convertirse en ley, la Oficina de Investigaciones sería un instrumento adicional para investigar y hacer cumplir leyes y reglamentos relacionados con la salud pública. También serviría de apoyo a todos los programas y oficinas del Departamento de Salud, incluyendo las agencias sombrillas adscritas a la dependencia gubernamental.

Buscan optimizar las funciones del PR-MFCU

La Comisión de Salud también atendió el Proyecto de la Cámara 913, que propone varias enmiendas a la Ley 154 de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos  y Servicios de Puerto Rico, con la meta de que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico (PR-MFCU) sea autosustentable.

El director ejecutivo de PR-MFCU, Luis Freyre Borges, mencionó durante la vista pública que a partir del 1 de enero de 2022 será requerido una aportación del gobierno de 25% y es importante que en los presupuestos esa cantidad esté contemplada.

Freyre Borges también explicó que el PR-MFCU recobró para el año fiscal 2020 la cantidad de $381,034. «De esa cuantía se hace la distribución dependiendo de la cantidad de fondos federales que fue objeto de recobro, lo que hace el proyecto de la cámara es que contempla el lenguaje para no dejar provista de fondos a la Unidad, de ese ser el caso», señaló.

La propuesta de legislación considera flexibilizar los requisitos de quién puede ser un delator en los procesos judiciales. El texto actual de la Ley 154 mantiene algunas prohibiciones que limitan esa facultad en los ciudadanos.

Actualmente, en la Ley de Reclamaciones Fraudulentas, el personal, incluyendo contratistas, empleados por la Unidad de Fraude al Medicaid, destacados en los Programas de Medicaid y de ASES, operadores del Medicaid Management Information System (MMIS), funcionarios del Programa de Medicaid del Departamento de Salud, entre otros, quedan expresamente prohibidos de ser o considerarse delatores.