Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera objetó y paralizó la aprobación del contrato de $20,000 millones entre Genera PR, LLC, en representación del gobierno de Puerto Rico y su corporación pública Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa NF Energía, LLC (NFE), para proveer gas natural licuado.

En una misiva de 5 páginas, el organismo creado por la ley federal PROMESA para el control del gasto público del gobierno local explicó que este contrato fue presentado a la junta de supervisión el 26 de junio, a horas antes de que expirara el término que tenían las partes para someterlo, y se anexó una solicitud para extender el plazo del acuerdo vigente hasta el 9 de julio.

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"Dada la magnitud del Contrato Propuesto y su naturaleza crítica para los servicios en juego, sería irresponsable para la Junta de Supervisión revisar adecuadamente el Contrato Propuesto en tan corto tiempo", sostuvo la carta firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, Jr.

"Tiene un término de 15 años y un valor estimado en $20,000 millones. Es el contrato más grande sometido a la Junta", lee la misiva. 

En su comunicación, la Junta de Supervisión dijo que el contrato refleja una ausencia de competencia, porque el contrato ata a la isla en una relación a largo plazo con un solo suplidor, inconsistencias con el Plan Fiscal de la AEE, y con el Requerimiento de Propuesta (RFP) para el proyecto, en el que se excluyó a NFE de la responsabilidad de instalar infraestructura de reclasificación. Además, el contrato fue enmendado en numerosas ocasiones en diálogos entre los firmantes "levantando preocupaciones en aspectos claves de promover competencia abierta".

"Expone la Isla a un acuerdo monopolístico que en última instancia pone en juego la seguridad económica", afirma la carta. "Las consecuencias de pactar esos términos son contrarios a los esfuerzos amplios de transición de la Isla a energía sustentable y resiliente, y puede hacer más mal que bien", añade el documento.

La carta revela que el Contrato Propuesto "agrava la ya problemática situación" relacionada a los derechos que ya tiene la empresa NFE, que ya tiene una relación de derechos exclusivos vigente entre la Autoridad de Puertos y la empresa NFE por un contrato de 2018 en el muelle de Puerto Nuevo, que "como resultado el mercado competitivo ya actualmente está limitado". Ese contrato de 2018, dijo la junta, no fue revisado por la Junta de Supervisión, que para la fecha ya estaba operando. 

La propuesta de NFE en una parte del proceso implicaba "riesgos financieros y operacionales" y también se plantea que no hay paridad entre el nivel de riesgo de NFE y la AEE, leen diversas partes de la carta.

La falta de transparencia en el proceso de negociación también fue planteado. "De la información que la Junta de Supervisión ha podido examinar hasta la fecha, se desprende que el contrato propuesto fue intrínsecamente el resultado de negociaciones directas con NFE y no de una verdadera licitación. Por lo tanto, basándose en la información recibida hasta la fecha, no se puede determinar si el precio y las condiciones contractuales propuestos deben ser aprobados", sostuvo.

"De las conversaciones mantenidas con diversas partes interesadas, incluidos representantes del Gobierno, se desprende que existe una gran incertidumbre y falta de claridad en cuanto a las condiciones específicas del Contrato propuesto y sus implicaciones. Esto refuerza aún más la necesidad de una mayor diligencia y alineación antes de proceder y finalizar nuestra revisión", agregó la Junta.

La Junta de Supervisión se ofreció a reunirse con todas las partes para revisar y discutir el acuerdo "para asegurarse que algún acuerdo final sea tanto fiscalmente responsable como en cumplimiento con la ley Promesa", se indicó.

La oposición de la Junta de Supervisión a este acuerdo surge de una misiva con fecha del miércoles, pero hecha pública en el portal de documentos de la Junta de Supervisión el jueves 10 de julio.

La carta fue enviada al zar de energía y director ejecutivo de la Autoridad de Agencias Público Privadas, Josué Colón, con copia a la gobernadora Jenniffer González y otros miembros de su gabinete.