Los decanos de las tres escuelas de derecho de Puerto Rico, profesores y representantes de numerosas organizaciones se expresaron esta semana en rechazo a un proyecto de ley que entienden atenta contra menores de edad.

"Lamentablemente, en EE.UU. y PR existen circunstancias en las que un adolescente puede ser excluido de la jurisdicción del sistema juvenil. Los legisladores, respondiendo a determinados discursos que son producto del pánico moral que suscitan algunos eventos de violencia, han cedido a la lógica de: ‘si delinques como adulto, pagas como adulto’, reza una declaración conjunta circulada luego de una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico donde participaron numerosos juristas.

El tema del procesamiento de menores como adulto ha estado en el debate público recientemente por el caso de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, una joven asesinada a puñaladas y por el que está acusada en este momento como adulto una menor de 17 años y su madre, con un señalamiento de vista preliminar para el 18 de septiembre.

Luego de que trascendiera este caso, se aprobó en el Senado de Puerto Rico el Proyecto del Senado 38, que amplía la cantidad de casos por los que un menor puede ser procesado como adulto. En concreto, la medida permite que un menor sea enjuiciado como adulto si incurre en actos considerados homicidio, escalamiento agravado, agresión grave, agresión sexual, violación, robo, incendio agravado, restricción de libertad agravada, secuestro, mutilación, incesto, sodomía, robo de menores y apropiación ilegal en la modalidad de hurto de vehículos, distribución de sustancias controladas e infracciones a la Ley de Armas.

En su declaración emitida esta semana, los profesionales que se unieron -que incluye a psicólogas, una psiquiatra y a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, así como el Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, recordaron que la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, en la que el cerebro todavía está desarrollándose y experimentando transiciones diversas en camino hacia la vida adulta.

"Este reconocimiento nos permite comprender que los comportamientos impulsivos, los arrebatos y el aislamiento que se observa en algunos adolescentes, forman parte constitutiva del proceso de ir produciéndose como humanos e ir concediendo a nuestra humanidad. Nos hacemos humanos juntos y en un continuo cuido de aquellos que todavía están en un proceso de formación y desarrollo. Es por lo anterior, que los ordenamientos jurídicos civilizados del mundo moderno reconocen que cuando los adolescentes delinquen deben ser juzgados en una jurisdicción que tome en consideración las particularidades del proceso vital por el que estos transitan y, sobre todo, que cualquier responsabilidad a imponer debe ser proporcional a su etapa de madurez", afirmó el escrito.

Ese trato como adultos, resultado de presión social, ha llevado al extremo que en el pasado incluso se imputaba la pena de muerte a menores en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos fue estableciendo pautas, y el procesamiento de menores como adultos se había reducido en todo Estados Unidos en un 80% para el 2019, y en 2022 hubo reformas a la ley en Puerto Rico. Sin embargo, algunos de los promoventes de la ley de 2022 ahora "inexplicablemente" impulsan el P. del S. 38.

"El efecto neto de este proyecto es promover que más adolescentes sean tratados y penados como adultos", reza la declaración.

El grupo exhortó a la Cámara de Representantes a no aprobar el Proyecto del Senado 38, y exhortó al gobierno a enfocarse en proveer a los adolescentes la seguridad social que hoy se encuentra en grave precariedad. Para reafirmar este aspecto, indicaron que un informe publicado en 2021 por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, de los menores en las instituciones juveniles del país indica que un gran por ciento de ellos tiene trastornos de neurodesarrollo; otros tienen historial de maltrato, abuso emocional y negligencia; presenciaban violencia doméstica en su hogar; han sido víctimas de trata o explotación; otro por ciento padece de abuso de alcohol; otro por ciento sufre de abuso de sustancias y, un porcentaje sustancial ha padecido de algún trastorno de salud mental.

"Lo que los adolescentes necesitan, sobre todo aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, o bien aquellos que sufren de algún diagnóstico que requiere tratamiento psicológico o terapias educativas, son escuelas con recursos para fomentar un crecimiento saludable, servicios de salud adecuados y una comunidad robusta en la que puedan disfrutar de actividades artísticas, culturales y recreativas", se afirmó en la declaración conjunta.

Las personas y organizaciones que suscribieron esta declaración son:

• Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico
• Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
• Asociación de Psicología de Puerto Rico
• Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la UPR
• P. Oscar M. Granados del Valle, Director y Coordinador de la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria Católica de Puerto Rico
• Dra. Karen Martínez, Catedrática, Directora, Departamento de Psiquiatría, Recinto de Ciencias Médicas, UPR
• Dra. Ángeles Acosta, Profesora Adjunta, Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, UPR
• Dra. Lina Torres, Catedrática jubilada de Sociología, Universidad del Sagrado Corazón
• Dra. Madeline Román, Catedrática jubilada de Sociología, UPR, Recinto de Río Piedras
• Profa. Vivian Neptune, Decana, Escuela de Derecho, UPR
• Dr. Julio Fontanet, Decano, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana
• Prof. Fernando Moreno Orama, Decano, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica
• Dr. Luis Alberto Zambrana González, Catedrático Auxiliar, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica
• Dr. Luis Ernesto Chiesa Aponte, Catedrático, Facultad de Derecho, SUNY Law School
• Prof. Oscar Miranda Miller, Catedrático Asociado, Escuela de Derecho, UPR
• Dr. Ernesto Chiesa, Catedrático Distinguido, Escuela de Derecho, UPR
• Dra. Iris Rosario, Catedrática Auxiliar, Escuela de Derecho, UPR
• Dra. Dora Nevares, Catedrática Emeritus, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana