El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 335 y el Proyecto del Senado 663, ambos para atender las necesidades de la comunidad sorda en Puerto Rico.

Los proyectos son de la autoría de la representante María M. Charbonier Laureano y el senador Juan Dalmau Ramírez, respectivamente.

«La comunidad sorda en Puerto Rico tiene derecho a las mismas oportunidades legales y educativas que el resto de la comunidad puertorriqueña y estas medidas aportan a esos derechos», indicó el primer ejecutivo.

El Proyecto de la Cámara 335 establece la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico.

Por medio de dicha carta se garantiza a la población sorda el acceso oportuno a la educación y que puedan participar en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con el apoyo profesional y la ayuda técnica requerida.

A su vez, la medida promueve la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con discapacidades auditivas y garantiza que las personas con sordera alcancen su máximo desarrollo y plena participación social.

La representante Charbonier Laureano indicó que «con esta medida se otorgan derechos a la comunidad de estudiantes con sordera del sistema de educación pública, que van dirigidos a asegurarles igual calidad que la que reciben los estudiantes de la corriente regular, en los mismos horarios y en la ubicación menos restrictiva y cercana a su hogar».

Además, Charbonier Laureano añadió que «asimismo, la comunidad escolar sorda tendrá derecho a que se les brinde acceso tanto a la enseñanza del lenguaje oral (lectura de labios), así como al lenguaje de señas».

«Por otra parte, se dispone para que el Departamento de Educación ofrezca adiestramientos, cursos o talleres de lenguaje de señas a los padres o tutores de niños sordos», explicó la representante.

De otro lado, el Proyecto del Senado 663 crea la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.

La medida realiza varias enmiendas a una diversidad de estatutos que rigen los procedimientos judiciales y cuasijudiciales, con el fin de asegurar que las personas con sordera o con condiciones que le impiden comunicarse efectivamente puedan entender de manera eficaz los procedimientos adversativos que se lleven en su contra en los tribunales de justicia o en foros administrativos.

A su vez, se les garantiza intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o administrativo.

Rosselló Nevares enfatizó que su Gobierno está comprometido con brindar mejores servicios a la comunidad sorda para que se desarrollen plenamente y aporten a la Isla.

«Así lo hemos demostrado con la firma de la Ley 56-2018 que dispone la inclusión de cursos de lenguaje de señas en el currículo de las escuelas del Departamento de Educación. De igual forma, la Ley 78-2018 que requiere que, como parte de los adiestramientos de educación continua que reciben los miembros del Negociado de la Policía, se incluya un seminario anual de lenguaje de señas», concluyó el primer mandatario.