El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó esta semana la Orden Ejecutiva 2021-024 en la que declara un estado de emergencia en la infraestructura de Puerto Rico por los daños causados desde los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020.

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De acuerdo con el gobernador Pierluisi, el estado de emergencia agilizará el financiamiento y logrará la pronta emisión de recomendaciones, consultas, permisos y construcción de los proyectos de infraestructura de carácter crítico y urgente con el fin de atender los daños causados por los desastres naturales.

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«La recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es la prioridad más apremiante de este gobierno. Por eso, estamos actuando diligentemente para agilizar y maximizar la reconstrucción de Puerto Rico, más aún cuando tenemos disponibles más de $50 millones de fondos directos de los programas de asistencia pública y de mitigación de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles) y de fondos CDBG-DR», puntualizó el gobernador Pierluisi.

La orden ejecutiva explica que todo proyecto de reconstrucción y mitigación que el Concilio de Reconstrucción —que preside el secretario de Estado e ingeniero, Larry Seilhamer— haya identificado como un proyecto crítico deberá ser atendido con agilidad y urgencia, asegurando que se cumplan con las normas ambientales aplicables.

"Estos proyectos críticos deberán ser atendidos de forma prioritaria, con agilidad en los procesos de permisos y en cumplimiento con las normas de las agencias estatales y federales", establece la orden.

Todas las agencias afectadas por la orden deberán seguir el procedimiento expedito permitido por ley al momento de emitir los permisos pertinentes, consultas, endosos, comentarios, recomendaciones y certificaciones.

A los fines de agilizar los trámites señalados se faculta a cualquier ingeniero, agrimensor, o arquitecto, a que emita certificaciones y permisos de carácter ministerial para los proyectos críticos por lo que deberá realizar el proceso de autocertificacion en el que se asegure que el solicitante cumple con los requisitos aplicables para una certificación automática de construcción. Se establecen unos controles, ya que de este profesional actuar de manera negligente, la Junta de Planificación podrá imponerle una multa de hasta $10 mil, ser descalificado como profesional autorizado, ser referido a colegios profesionales y al Departamento de Justicia, según aplique, para los trámites administrativos o penales correspondientes.

Un subcomité interagencial de cumplimiento ambiental

En la Orden Ejecutiva se ordenó la creación del Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada el cual estará presidido por el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), Gabriel Hernández.

El comité estará integrado por representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Tanto OGPE como cualquier otra agencia concernida deberán someter al gobernador y a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, en un término de 10 días el proceso expedito alterno que pretenden establecer para los permisos, endosos, consultas, certificaciones y recomendaciones.

Mientras, en 45 días deberán entregar un informe detallado de la implementación y el funcionamiento de los trámites alternos ordenados en la orden ejecutiva.

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