De interés: Firmada la ley de reforma energética (27 de mayo de 2014)

Descargar documento: Crea la Ley de Transformación y ALIVIO Energético.

Crea la Comisión Reguladora de Energía (CREPR), como ente independiente que se encargará de reglamentar y supervisar el cumplimiento de la política pública energética del ELA, fiscalizará la eficiencia de la AEE y demás generadores y/o distribuidores de energía y las tarifas, y viabilizará los procesos técnicos y legales de la interconexión de generadores de energía de fuentes renovables para la reducción del costo del kilovatio hora en Puerto Rico. Requiere que la AEE presente a la CREPR los Planes de ALIVIO Energético, y de Concepto Operacional (CONOPS). Crea la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la CREPR, que atenderá a los intereses de los consumidores de servicios energéticos. Crea la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, encargada de establecer la política pública energética del ELA y los criterios de eficiencia energética que regirán a las dependencias de las Tres Ramas de Gobierno y municipios. Deroga la Ley de la Oficina de Energía.

Los altos costos energéticos limitan nuestra capacidad de estimular la economía, de fortalecer a los pequeños y medianos comerciantes, de atraer inversión privada del exterior, desarrollar actividad comercial, industrial y manufacturera, y de promover la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Esto es un obstáculo que impide convertir a nuestro País en un lugar competitivo y atractivo en todos los ámbitos. Somos rehenes de un sistema energético poco eficiente, que depende desmedidamente del petróleo como combustible, y que no provee las herramientas para promocionar a nuestro País como un lugar de oportunidades en el mercado globalizado. El actual costo del kilovatio hora de aproximadamente veintisiete centavos ($0.27) resulta ser extremadamente elevado en comparación con otras jurisdicciones que compiten con Puerto Rico para atraer a los inversionistas y lacera severamente el bolsillo del consumidor local.

Ante esta realidad, resulta indispensable y urgente encaminar una reforma abarcadora del sector eléctrico para fomentar la operación y administración de un sistema eficiente y de costos justos y razonables, conscientes de que somos una jurisdicción aislada que tiene que contar con una red eléctrica estable y segura. Tenemos que adoptar un marco legal y regulatorio mediante la creación de un ente independiente robusto que asegure una transformación del sistema eléctrico de nuestro País para el beneficio de nuestra generación y las futuras generaciones.