El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Igualdad Salarial que establece, entre otros asuntos, igual paga por igual trabajo. Esta ley se convierte en la Ley Núm. 16 de 2017 y complementa la orden ejecutiva que implementa la política pública de igual paga en beneficio de las mujeres.

Según establece la ley, se prohíbe el discrimen salarial por razón de sexo y se requiere igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de trabajo similares, convirtiendo al estatuto en uno de lo más abarcadores, de avanzada y justos que se haya adoptado en la historia de Puerto Rico.

"En pleno siglo XXI encontramos en Puerto Rico condiciones injustas para la mujer. Ante esto, el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas a favor de nuestras mujeres contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa, en que las mujeres tengan reales oportunidades de progreso", sentenció el gobernador.

Históricamente, la mujer ha recibido un salario menor en comparación sus pares hombres y, en la práctica, la mayoría de las empresas fijan los salarios de los nuevos empleados al utilizar su paga anterior como línea de base.

Ante este hecho, la ley prohíbe a los patronos preguntar o indagar sobre los salarios de los solicitantes antes de ofrecerles un trabajo. Con esto se rompe el círculo vicioso que hacía que se asignara los salarios más bajos a las mujeres y evita que las mujeres continúen recibiendo menos paga durante toda su carrera.

Asimismo, por primera vez, se incluyen disposiciones para garantizar el cumplimiento de la ley pues todo patrono que despida, amenace, discrimine o tome represalia contra un empleado en violación a las prohibiciones detalladas en el estatuto, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado.

El discrimen salarial por razón de sexo tiene efectos a largo plazo y no se limitan a una reducción de liquidez monetaria en la compensación salarial de la persona.

Las víctimas ven afectada su capacidad de crédito; disminuye la capacidad de ahorro; disminuye los beneficios que pueden recibir de seguro social, lo que hace a una persona más vulnerable en su longevidad o en caso de incapacidad; y afecta la planificación para el retiro laboral.

La ley protege contra el discrimen salarial por razón de sexo, tanto en el sector público como en el privado, y cumple con el compromiso establecido en el Plan para Puerto Rico.