El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el proyecto para crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, que se propone modernizar, simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr el desarrollo pleno del tercer sector y las comunidades.

Descarga y lee la Ley Núm. 10 de 2017 (PDF)

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico sustituye la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión creada por la Ley 1-2001 y estará adscrita a la Oficina del Gobernador.

"Con esta ley buscamos uniformar los procesos y disminuir la burocracia y establecemos la política pública del Gobierno de Puerto Rico para promover que las comunidades puedan ser motor de su propio desarrollo, dentro de un proceso enmarcado en la autogestión que permita a las personas ser parte integral del avance de su comunidad", destacó el primer ejecutivo tras firmar el estatuto en el Hospital Pediátrico en Río Piedras.

Además, Rosselló Nevares informó que "la ley promueve un gobierno facilitador y no paternalista, y se administran con mayor eficiencia los fondos federales".

El primer mandatario estampó su firma en la medida acompañado por los líderes comunitarios Pedro Carrión de la barriada Juan Matos de Cataño; Orlando Vellón de la comunidad Villa Sin Miedo de Canóvanas, Luis Alberto Crespo de la comunidad Curias de San Juan, Carmen Villanueva de Hill Brothers de San Juan, Olga Villa de Tras Talleres de San Juan, Tito Figueroa de Toro Negro de Ciales y Ángel "Chago" Marcano de la comunidad La Perla de San Juan.

Del tercer sector, asistieron José Morales del Centro Educativo Vedruna de Guaynabo, el Dr. José Luis Díaz del Centro Sor Isolina Ferré, Nitzandra Medina y Nilda Olmedo de Acción Social de Puerto Rico, Sor Julia y Norma E. Ortiz del Instituto Especiald de Desarrollo Integral del Individuo, la Familia y la Comunidad (IDIIFCO), Lisdel Flores del Hogar RUTH, e Ivonne Bernard del Banco de Alimentos.

Asimismo, estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Miguel Romero y el senador independiente José Vargas Vidot.

«Este proyecto presenta una nueva oportunidad para que nuestras comunidades vuelvan a asumir el rol activo que fue el espíritu del proyecto original de Comunidades Especiales en la solución de sus necesidades, se preserva su humanidad y protege de la expropiación caprichosa. Asimismo, incluye la posibilidad de desarrollo de un tercer sector mucho más inclusivo", subrayó Vargas Vidot.

Mientras, el senador Romero felicitó al gobernador Rosselló Nevares y la Asamblea Legislativa "por haber tenido la visión y por cumplir con las comunidades en desventaja y el tercer sector, al establecer mecanismos como los que provee esta ley, los que aseguran un mejor desarrollo económico y porvenir social».

Además, lo acompañaron el representante Jorge Navarro y el hasta hoy coordinador de las Comunidades Especiales, Jesús Vélez Vargas.

El Gobernador informó que Vélez Vargas, quien fungirá ahora como director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, tendrá la responsabilidad de promover el desarrollo comunitario y estará a cargo del análisis del Programa de Comunidades Especiales con el propósito de corregir todo aquello que deba mejorar.

Además, la entidad se encargará de proveer todos los servicios de carácter comunitario, y relacionados al tercer sector —que actualmente se ofrecen de manera desigual y desintegrada por distintas agencias gubernamentales— de una manera unificada y uniforme.

Al mismo tiempo, la ley permite ampliar el número de Juntas Comunitarias y Organizaciones Sin Fines de Lucro activas y funcionales y promueve el mejoramiento de las condiciones físicas, infraestructurales y ambientales de las comunidades desventajadas y los municipios.

Durante la firma de la ley estuvieron presentes además el alcalde de Cataño, Félix Delgado; el alcalde de Camuy, Edwin García; el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz; el alcalde de Aibonito, Willie Alicea; y el alcalde de Toa Baja, Bernardo "Betito" Márquez.

También, según la ley, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, "tendrá la responsabilidad de analizar, atender y corregir todos los asuntos relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales".

"Para ello, deberá investigar, sin que esto se entienda como una limitación, la adjudicación de proyectos, obligación y desembolso de fondos, certificaciones y todos aquellos elementos que de alguna forma u otra formaron parte de este programa. Ninguna persona o entidad pública o privada, que haya sido parte del programa o haya recibido beneficios o fondos de este podrá negarse a someter los documentos solicitados para fines de esta investigación", reza el estatuto.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones al gobernador y a la Asamblea Legislativa en un término no mayor de seis meses a partir de hoy.

De otro lado, se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales que será presidido por el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico e integrado por los siguientes miembros: el comisionado de Asuntos Municipales, el secretario del Departamento de la Vivienda, la secretaria del Departamento de la Familia, la superintendente de la Policía de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud, la secretaria del Departamento de Educación, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, el secretario del Departamento de Trasportación y Obras Públicas, la presidenta de la Junta de Planificación, un alcalde perteneciente a la Asociación de Alcaldes y un alcalde perteneciente a la Federación de Alcaldes.

Además, el consejo contará con cuatro residentes de las Comunidades Especiales, los cuales serán seleccionados por el director ejecutivo de una lista de potenciales candidatos presentada por las Comunidades Especiales y con tres representantes del tercer sector designados por el gobernador.