Descarga el documento: Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 1627 que establece la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico y crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al Gobierno de Puerto Rico.

La ley —que proviene de la Ley federal de Reclamos Falsos— establece que las reclamaciones serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia.

La creación de esta oficina junto al establecimiento del Sistema de Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés) asegura la asignación de $1,200 millones en fondos federales para la Isla (BBA Disaster Relief Funds).

«Con esta ley nos unimos a 49 estados y a Washington, DC como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid. La detección a tiempo de esta conducta será de ayuda para los beneficiarios de este programa ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos», expresó el primer mandatario.

Con la Orden Ejecutiva 2017-12, el Gobernador había encaminado la política pública de atender el problema de fraude en Medicaid.

Rosselló Nevares añadió que «con esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid. Esta política de cero tolerancia contra el fraude se une a la Reforma de Mi Salud que pondrá al paciente primero, dándole el derecho de elección de sus proveedores de salud».

«En febrero de este año, junto a la comisionada residente Jenniffer González Colón logramos en el Congreso una asignación histórica de $4,900 millones para los sobre 600,000 beneficiarios del programa Medicaid. Esta asignación permite que se financie totalmente el programa Mi Salud por los próximos dos años sin requerir fondos estatales que se han visto afectados por la crisis fiscal y la emergencia provocada por los huracanes del año pasado», abundó el Gobernador.

Además, el primer ejecutivo añadió que «de esta cantidad en fondos federales para la salud, $1,200 millones están condicionados a tomar los pasos afirmativos como esta medida que convertimos hoy en ley».

En abril de este año se anunció el establecimiento del primer MMIS en la Isla, lo que representa un gran logro para el cumplimiento de Puerto Rico con los requerimientos federales. Esta medida había sido requerida sin éxito por el Gobierno federal desde el año 2009, pero la presente Administración la implementó.

Esta nueva ley permite y promueve para que delatores (whistleblowers) puedan denunciar cualquier acto fraudulento contra el Gobierno. Al denunciar algún acto fraudulento el delator podrá cobrar de la cantidad recuperada por el Gobierno. El Gobierno federal, como consecuencia de este sistema, ha recuperado $31.9 millones desde el 2009 hasta el 2016.

En la actualidad, 30 estados tienen leyes de reclamaciones fraudulentas. La ejecución y el procesamiento de estas reclamaciones consistentemente redundan en la recuperación de millones de dólares al fisco. El Gobierno local podrá recobrar, en coordinación con la ciudadanía, fondos que de otra manera se hubieran perdido por causa de fraudes.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dio la bienvenida a la nueva ley al indicar que la misma «permitirá al Gobierno seguir recuperando credibilidad a nivel federal, procesar de forma más agresiva a los que hagan mal uso de estos fondos y asegurar que los fondos asignados estén disponibles para responder mejor a las necesidades de los beneficiarios bona fide».

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, indicó que «el Departamento de Justicia ya comenzó al crear por orden administrativa la Unidad de Control de Fraude al Medicaid. La erradicación del fraude es prioridad en la agenda del gobernador y del Departamento, pues somos conscientes de las repercusiones que esta conducta nefasta tiene en los servicios de salud y, sobre todo, en el Programa Medicaid».

Asimismo, Vázquez Garced añadió que «también, atender la fuga de fondos públicos asignados a nuestra Isla es de suma importancia para asegurar la confianza del Gobierno de los Estados Unidos en nuestros organismos gubernamentales. Además, se envía un mensaje contundente a los que defraudan y se lucran a costa de la necesidad ajena».

Mientras, la jefa de los Fiscales, Olga Castellón Miranda, añadió que «con la firma de esta ley, el Departamento de Justicia se une a la práctica de otros estados de especializar la investigación y el procesamiento criminal de individuos o corporaciones que —apartándose de su deber de proveer un servicio de excelencia a nuestra población— optan por lucrarse ilegalmente de fondos públicos, mediante el fraude en la prestación de servicios médicos para los que fueron destinados».

Castellón Miranda, además comentó que «el Gobierno de Puerto Rico no solo tendrá el mecanismo legal para procesar estos asuntos eficientemente, sino que a la vez podrá ejercer acciones de recobro de los fondos obtenidos por estas personas ilegalmente».

En tanto, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, indicó que «con esta nueva ley, junto con el Nuevo Modelo de Mi Salud y la ampliación de sistemas tales como el MMIS, se previene el abuso y se garantiza el uso eficiente de los recursos asignados para el cuidado de la salud de 1.3 millones de beneficiarios».