El gobernador, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley los Proyectos de Administración 94 y 95 que fortalecen la fiscalización de las entidades bancarias y financieras internacionales en Puerto Rico y así brindar mayores herramientas para combatir el lavado de dinero.

Con los Proyectos de la Cámara 1699 y Proyecto de la Cámara 1700 se robustece el esquema regulatorio y fiscalizador para combatir el lavado de dinero incluyendo la facultad de revisar y hacer investigaciones para el cambio de control.

A su vez, se permite a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes de cese y desista y órdenes para mostrar causa.

Igualmente da paso a la OCIF a realizar Memorandos de Entendimiento e iniciar procedimientos de conformidad con las Leyes de Procedimiento Administrativo Uniforme, entre otros.

A su vez, la OCIF estará facultada para imponer multas, restituciones y sanciones administrativas por violaciones a esta ley, a los Reglamentos de la OCIF y sus respectivas Órdenes.

Además, podrá, en el proceso de cese y desista o de liquidación involuntaria de la entidad financiera internacional, contratar y nombrar un síndico que se encargue del proceso de liquidación involuntaria.

De hecho, la OCIF podrá investigar a todos los accionistas o tenedores, directos o indirectos, de cualquier participación en el capital de estas entidades financieras para satisfacerse de la legalidad de sus fondos.

De igual forma, y al enmendar la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional se aumenta el cargo para solicitar y renovar la licencia, se aclara que el proponente será el responsable de los gastos de investigación que se generen como consecuencia de su solicitud y se aumenta la cantidad de activos libres de gravámenes o garantías financieras.

Asimismo, se aumentan los derechos de licencia anual por oficina, se atempera el requisito de capital pagado, se establece un cargo por transferencia de control de más de un 10 por ciento y se dispone el procedimiento de reconsideración y revisión judicial para atender cualquier denegación de permiso o solicitud de licencia, entre otras disposiciones. Tanto la OCIF como la Asociación de Bancos se expresaron a favor de ambas medidas.

Por otra parte, y a partir hoy toda persona que amenace a otra con difundir, divulgar, revelar o ceder material sexual explícito de una víctima, a terceros, mediante cualquier tipo de comunicación electrónica, incurrirá en delito menos grave luego de que el gobernador convirtiera en ley el Proyecto del Senado 729.

También, por solicitud del Departamento de Justicia, se incluyó la temeridad como elemento subjetivo del delito, se establecieron agravantes y atenuantes.

Con esta nueva ley se continúa trabajando para proteger a poblaciones vulnerables que pudieran ser víctimas de esta conducta delictiva, al facilitar el trabajo del Ministerio Público ante los tribunales.

Si esta conducta se lleva a cabo para extorsionar u obtener cualquier tipo de lucro, se incurrirá en delito grave con pena de reclusión fija de ocho años. Del convicto ser reincidente, el Tribunal deberá ordenar su inscripción, en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores como ofensor sexual Tipo 1.

Otras medidas firmadas por el gobernador son la Resolución Conjunta del Senado 344 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 491 y 428. La primera medida reasigna $10 mil de la Resolución Conjunta 315-1994 al municipio de Vega Baja para realizar obras y mejoras permanentes.

Mientras, la Resolución Conjunta de la Cámara 491 designa la carretera PR-362 del barrio Minillas en San Germán con el nombre de Isaac Llantín Ballester.

De igual forma sucede con la Resolución Conjunta de la Cámara 428 que designa el camino que da acceso al sector Los Orama en Jayuya con el nombre de Marcelino Orama.

Por último, el gobernador también estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 1589 que declara el segundo sábado de febrero de cada año como el «Día del Cine Puertorriqueño».