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El gobernador Pedro R. Pierluisi le solicitó esta semana al presidente Joe Biden la condonación de la deuda del puertorriqueño Jose Luis Vaello-Madero con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), así como incluir una disposición en el próximo paquete legislativo para que los residentes de Puerto Rico puedan tener acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
Cuesta arriba la paridad en SSI para Puerto Rico desde el Congreso
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció en el caso United States v. Vaello-Madero que no es inconstitucional tratar a Puerto Rico diferente a otras jurisdicciones estadounidenses. En este caso, Vaello-Madero se defiende de una imputación federal de cobrar $28,081 de esta ayuda federal indebidamente porque comenzó a recibirla en Nueva York, y debía de dejar de recibirla cuando se mudó a Puerto Rico.
"El impacto de esta discriminación es severo. Los beneficiarios de SSI reciben un beneficio promedio de $574 por mes, mientras que los beneficios disponibles para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico solo promedian $82 por mes. La diferencia entre los ciudadanos americanos que necesitan el apoyo del programa SSI, pero viven en Puerto Rico y los beneficiarios de SSI en los estados y Washington, DC es simplemente geográfico", detalla la carta enviada por el gobernador.
Pierluisi también enfatizó que, aunque el presidente Biden ha expresado su apoyo a la participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el SSI, aún queda mucho trabajo por hacer en los Estados Unidos para desarrollar una democracia plena que trate a todos sus ciudadanos iguales bajo la ley.
Mediante la Ley "Build Back Better" modificada, se podría presentar legislación para asegurar los beneficios del SSI a los ciudadanos americanos que viven en la Isla, lo que representaría un paso adelante para brindar la asistencia que tanto necesitan los puertorriqueños con discapacidades, aunque todavía queda un camino por recorrer con respecto a Medicaid y Medicare, así como otros programas.
"Puerto Rico no puede seguir luchando por igualdad para cada uno de los programas, especialmente cuando más de 400,000 ciudadanos americanos de la tercera edad o discapacitados de bajos ingresos están en extrema necesidad de asistencia", dijo la Directora Ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen M. Feliciano.