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El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, presentó esta semana una medida de Administración que brinda un alivio contributivo a individuos y corporaciones en más de $500 millones.
El proyecto de ley también contiene medidas dirigidas a simplificar el sistema contributivo y facilitar la forma de hacer negocios en Puerto Rico.
«Estamos formalizando nuestro compromiso de reducir las contribuciones para brindarle a nuestro pueblo, tanto a los individuos como a las corporaciones, una reducción en su carga contributiva. Con esto promovemos una competencia favorable con otros estados, territorios y jurisdicciones y continuamos encaminando la recuperación económica de Puerto Rico, creando un ambiente más competitivo y menos complejo», dijo el primer ejecutivo.
Pierluisi destacó que la ley tendría el efecto de reducir la carga contributiva para individuos y corporaciones en unos $545 millones.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, agregó que, al cierre del año fiscal 2022, los recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de individuos alcanzaron $3,679 millones, reflejando unos $727 millones más que lo ingresado en el año fiscal 2021, mientras que los recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de las corporaciones alcanzaron los $2,676.5 millones en el mismo periodo o unos $687.1 millones más.
«Estamos en posición de simplificar el sistema contributivo, reducir las tasas y consolidar planillas y formularios. Vamos a crear un sistema más equitativo y eficiente, que repercuta en impuestos más bajos y en más riquezas para los ciudadanos», dijo el secretario de Hacienda.
El gobernador añadió que «habíamos adelantado que solicitamos dos estudios económicos para revisar y calcular el impacto de los alivios propuestos en nuestra economía y en los recaudos del gobierno. Hoy les anunciamos que los estudios han fundamentado nuestra propuesta, validando el impacto positivo del proyecto en nuestros contribuyentes, en la economía y en el ambiente de negocios en la Isla y por eso ya el proyecto de ley está listo para radicarse. Los estudios económicos han determinado que aparte del beneficio claro que conllevan las reducciones en las tasas contributivas para individuos y corporaciones, las cuales representarán ahorros significativos para miles de contribuyentes, también las medidas de simplificación de cumplimiento impactarán grandemente la facilidad de rendir las contribuciones y el ambiente de hacer negocios en la Isla».
Advanced Business Consulting estima en $111 millones los ahorros que tendrán los contribuyentes a la hora de rendir sus planillas con las medidas de simplificación, que incluyen la eliminación de ciertos informes de reconciliación, la reducción de informes anuales para corporaciones domésticas y extranjeras, la aceptación de la certificación de agricultor bona fide como requisito para el decreto de exención, la consolidación de informes a entidades exentas, y la facilidad de presentar su patente e impuesto municipal del IVU a través del Departamento de Hacienda.
Por otro lado, la firma DevTech resalta en su estudio que este alivio contributivo viene en el momento adecuado, ya que mitiga los efectos inflacionarios que estamos enfrentando a la vez que busca proteger al contribuyente de cualquier posible desaceleración de la economía. El estudio estima que, a corto plazo, la propuesta contributiva para corporaciones conlleva un estímulo económico de $140 millones durante el primer año, lo cual representa un 0.2 por ciento del producto doméstico bruto. También estima en $200 millones adicionales el estímulo económico de la propuesta contributiva para individuos durante el primer año, representando 0.3 por ciento del producto doméstico bruto.
Esto valida que esta propuesta contributiva impactará positivamente nuestro producto nacional bruto, proyectando un aumento de un punto porcentual. Por consiguiente, en el modelo preparado para el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico se estima una recuperación de alrededor de un 50 por ciento del alivio contributivo concedido. Esto mitiga considerablemente el costo neto en los recaudos del fisco. Asimismo, los recortes contributivos se pueden asociar con un crecimiento de la población, de aproximadamente 15,000 personas adicionales en Puerto Rico.
El proyecto propone reducir la tasa contributiva máxima de 33% a 30%. También se incorpora un Ajuste por Costo de Vida, para beneficiar a los individuos que no son elegibles para el Crédito por Trabajo. La reducción de la tasa máxima representa una redistribución de $262.5 millones.
«El cambio más significativo es que ahora los que se encuentran en el renglón de ingresos netos de $41,500 a $81,500, tributarán al 24 por ciento, ampliando la escala de ingresos en ese renglón que antes solamente llegaba a 61,500. Esto va a significar una reducción de hasta 7 por ciento para muchas personas trabajadoras que por sus ingresos no cualifican para el Crédito por Trabajo. Además, se mantienen los descuentos de 5 por ciento y 3 por ciento establecidos mediante la Ley 257-2018 y la Ley 40-2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos», detalló Pierluisi
Parés Alicea destacó que los individuos que se ubican en escalas de ingresos más reducidos, ya se han beneficiado de dos reformas de política pública económica, como son la Ley de Salario Mínimo, que aprobó un aumento gradual a partir del año 2021, quedando pendientes dos incrementos adicionales para los años 2023 y 2024 y la reforma del Crédito por Trabajo, que entró en vigor en el 2021 y beneficia contribuyentes con ingresos menores a $40,000.
Pierluisi explicó que el Ajuste por Costo de Vida se implementará en dos fases. «La primera fase aplicará para el año contributivo 2022, en el que Hacienda computará un ajuste a la responsabilidad contributiva, según el Índice General de Precios al Consumidor y se pagará como un reintegro. La segunda parte aplicará a partir del año contributivo 2023, cuando se integrará el cambio a las escalas y comenzará un ajuste anual a los renglones contributivos para reflejar la inflación del año natural anterior», indicó.
Este Alivio Contributivo también atenderá la población de 65 años y a los pensionados de bajos recursos, incrementando el crédito que se les otorga anualmente de $200 a $400.
Puerto Rico tiene una de las tasas corporativas más altas, al compararnos con Estados Unidos. La tasa máxima actual es de 37.5 por ciento, lo que el gobernador describió como «una gran desventaja competitiva a la hora de atraer corporaciones a la Isla, en comparación con otras jurisdicciones».
«La presente ley reducirá la responsabilidad contributiva de todas las corporaciones, en las distintas escalas de ingresos, en diferentes proporciones. Las corporaciones en Puerto Rico están sujetas a tres contribuciones: la contribución normal, la Contribución Alternativa Mínima (CAM) y la Contribución Opcional. Estamos simplificando y reduciendo la contribución sobre ingresos, introduciendo una escala progresiva a la contribución normal y eliminando la contribución adicional. También estamos eliminando la contribución alternativa mínima de $500», dijo Pierluisi.
Parés Alicea añadió que se estima que sobre 26 mil corporaciones pagarían menos contribución sobre ingresos en Puerto Rico, reduciendo el «ranking» mundial que ocupamos en cuanto a términos de tope de tasa contributiva se refiere. El mayor impacto será para muchos pequeños negocios a quienes les puede representar una reducción de hasta un 10.5 por ciento en sus impuestos.
El proyecto de ley también integra medidas recomendadas por el Grupo Asesor para Simplificar y Mejorar el Sistema Contributivo, creado por el ejecutivo e integrado por representación del sector privado.
Entre las recomendaciones se encuentran: simplificar el proceso de obtener licencias de Rentas Internas y gestionarlas a través de la plataforma SURI; armonizar fechas de vencimientos cuando ocurren declaraciones de desastre; dar a los municipios la opción de integrar el cobro del IVU Municipal y la Declaración de Volumen de Negocio en SURI; restablecer la exención del IVU a artículos introducidos o adquiridos para la reventa; restablecer el Certificado de Revendedor y poner fecha límite a la emisión del Certificado de Revendedor Elegible y aclarar que la propiedad tangible introducida para la reventa, no tiene que pagar IVU en el muelle, entre otras medidas.